El reparto de los fondos para la recuperación económica tras la covid que concede la Unión Europea se ajustará a los principios de objetividad, integridad, neutralidad, responsabilidad, imparcialidad, confidencialidad, transparencia y honradez. El Gobierno de Aragón garantizará una correcta gestión del Plan de Recuperación, Transformación y_Resiliencia a través de medidas antifraude, que se centrarán en la prevención, la detección, la corrección y la persecución del prácticas irregulares, si las hubiera, que los empleados públicos podrían denunciar. Este plan se concibe como un "instrumento de planificación vivo y flexible", que guiará la actuación de los altos cargos y de los funcionarios.

En la elaboración han participado el vicepresidente de la DGA, Arturo Aliaga; la consejera de Presidencia, Mayte Pérez, y el de Hacienda, Carlos Pérez Anadón.

En la detección de fraude se centran en el uso de las bases de datos y en la definición de indicadores de fraude mediante test que deberían llamar la atención de los gestores públicos ante comportamientos indebidos.

A la hora de controlar el fraude, el plan incide en la necesidad de vetar el uso de documentos falsos y una utilización indebida de fondos. Hace alusión a la corrupción activa, por la que se ofrece ventajas a un funcionario para que actúe o se abstenga de actuar, y a la pasiva, por la que se piden beneficios para un tercero. Clarifica, también, que se producirá un conflicto de intereses cuando el ejercicio "imparcial y objetivo" de las funciones se vea comprometido "por razones familiares, afectivas y de afinidad política" de empleados públicos que gestionen, controlen o paguen los fondos, y diferencia entre los que serían aparentes, potenciales y reales.

Para evaluar el fraude, el plan de la DGA insta a usar, como elementos de control, dos test elaborados por el Ministerio de Hacienda y una matriz de riesgos que utiliza un instrumento de autoevaluación de la Unidad administradora del Fondo Social Europeo.

En materia de prevención, se apuesta por una "cultura ética" que disuada a los defraudadores fomentando valores como la integridad, la objetividad, la rendición de cuentas y la honradez. Hace alusión directa a la Ley 5/2017, de Integridad y Ética Públicas, que establece mecanismos de conducta de los empleados públicos y crea la Agencia de Integridad y Ética Pública, que depende de las Cortes y sigue, cinco años después, pendiente de desarrollo.

El código de conducta de los empleados públicos exige que se abstengan cuando tenga un interés personal y veta los tratos de favor que impliquen ventajas injustificadas. También está regulado el sistema de incompatibilidades.

Existe, asimismo, un código de buen gobierno para las autoridades y cargos del sector público autonómico, que les obliga a gestionar los recursos humanos, económicos y materiales siguiendo los principios de "eficiencia y sostenibilida". En aras a la transparencia política (Ley 8/2015), se publica un registro con sus actividades y bienes y derechos patrimoniales y sus agendas institucionales, en las que se incluyen reuniones con lobistas, personal de confianza o asesoramiento especial.

Las personas que se van a beneficiar de ayudas públicas, contratistas y subcontratistas deberán firmar una declaración de compromiso en relación a las actuaciones del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. En ella aseguran que se ajustarán al cumplimiento de las normas y a adoptar medidas necesarias "para prevenir y detectar el fraude, la corrupción y los conflictos de interés, comunicando en su caso a las autoridades que proceda los incumplimientos observados".

Formación especial sobre ética pública

El Instituto Aragonés de la Administración Pública imparte formación relacionada con la ética pública y la gobernanza, y se está desarrollando un programa integral específico de acciones formativas con especial atención a la detección, corrección y persecución del fraude. Incluirá seminarios, charlas formativas, autoformación y píldoras informativas. Se está implementando, además, un módulo de formación en Ética e Integridad Pública en los cursos de acceso a la condición de personal funcionario.

Un reparto claro y segregado de funciones en la gestión, el control y el pago de las ayudas facilita la lucha contra el fraude. Al control interno, que realiza cada departamento y en última instancia, la_Intervención General, se suma el externo, que es el que ejerce la Cámara de Cuentas de Aragón.

Ante sospechas de fraude, Aragón debería contar con un Estatuto del Denunciante, recogido en la ley 5/2017, y que tampoco se ha desarrollado. En los canales de denuncia, se podrá optar, por tanto, por el que depende de la consejería de Hacienda (denunciasfraudegeu@aragon.es), en el que se garantiza la confidencialidad y que el denunciante no sufrirá represalias, y el del_Servicio Nacional de Coordinación Antifraude o la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. Todas las denuncias se investigarán, se perseguirán y, si se constata su veracidad, se abrirá un expediente disciplinario al presunto infractor. Si se demuestra que la asignación de fondos ha sido objeto de apropiación indebida, se tramitará la recuperación del dinero de la UE que había sido asignado.