Hosteleros y DGA negocian que las ayudas directas se ajusten a la caída de la facturación
Es la fórmula que más gusta de cara a repartir las subvenciones, que superarán los 40 millones de euros. El encaje legal, que retrasa la firma del convenio, ofrecerá a los ayuntamientos la posibilidad de adherirse o no.
Hosteleros y Gobierno de Aragón negocian que las ayudas directas del nuevo plan de choque se ajusten a la caída de la facturación. La iniciativa, anunciada a mediados de febrero por el presidente autonómico, Javier Lambán, se está retrasando más de lo esperado por la complejidad técnica que entrañan las transferencias de fondos entre la DGA, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos.
Tras un año marcado por la pandemia, que ha causado pérdidas de hasta 160 millones de euros en el sector según un reciente informe de la Cámara de Comercio de Zaragoza, la agónica situación que viven los empresarios obliga a adoptar medidas excepcionales. Como excepcional es la cuantía del plan, que se elevará por encima de los 40 millones de euros, con aportación del Gobierno de Aragón (60%), de las diputaciones provinciales (20%) y los municipios (20%), a falta de concretar los términos jurídicos de su gestión.
En el caso de los ayuntamientos, la adhesión al plan quedaría en manos de los regidores a fin de respetar sus competencias y el principio de autonomía local. Si declinan participar, se descontaría de la subvención a la hostelería el dinero que deberían aportar.
Esto hace que el convenio para impulsar el plan, del que podrían beneficiarse entre 13.000 y 14.000 empresas, aún no esté cerrado. El sector habría reclamado alrededor de 60 millones de euros, aproximadamente una tercera parte de las pérdidas ocasionadas por el estado de alarma y las restricciones, pero la cuantía final dependerá de qué ayuntamientos se sumen al plan.
En lo que respecta al reparto, la fórmula que más apoyo suscita es que las ayudas directas se distribuyan en función de la caída de la facturación respecto a 2019, si bien hay quien sostiene que se deberían ajustarse a las cifras de empleo o al entorno en el que está ubicado el negocio. "Todo está abierto", aseguraron este martes fuentes conocedoras de la negociación, ya que, por ejemplo, todavía tienen que pronunciarse los servicios jurídicos de la DGA.
Como consecuencia, aún no se habría cerrado la horquilla de cantidades máximas y mínimas por empresario o por negocio.
Centrar el reparto en la caída de la facturación permitiría establecer tramos en función de las pérdidas. Es decir, aquellos que hayan visto reducida la suya en un 50% o un 75% tendrían derecho a mayores cuantías que quienes se han quedado en un 25%. El sector es consciente de que no se podrá agradar a todo el mundo. Confía, sin embargo, en que el plan sea «una realidad" y no "una cortina de humo como los anteriores".
Otros flecos
Lo que está claro es que el dinero que destinen las diputaciones y los ayuntamientos en cada provincia se dedicará a establecimientos ubicados en ellas. Sería el único requisito legal a respetar, ya que es posible ceder dinero para ayudas en virtud de la cooperación institucional.
Ya se hizo, de hecho, con el plan Remonta, con el que se apoya al sector de la nieve en Aragón. Y como ocurrió en ese caso, la tramitación del convenio está resultando más complicada de lo esperado. Incluso hay quien reprocha el hecho de haber anunciado el plan antes de tenerlo cerrado.
Este mismo martes, el presidente de Aragón, Javier Lambán, se reunió con CEOE y la Confederación de Empresarios de Hostelería y Turismo para seguir avanzando. Según ha podido saber este diario, existe un "buen entendimiento", aunque para resolver todos los flecos podrían ser necesarias aún unas semanas. "Se está trabajando con celeridad para que esté todo cuanto antes, pero es complejo", indicó otra de las partes.
A este plan podrán acogerse cafés, bares, discotecas, hoteles, casas rurales, cámpines y todos aquellos negocios vinculados a la hostelería y el turismo. Está por ver, no obstante, qué sucede con el comercio, también afectado por la reducción de aforos.
Desde las instituciones se apunta a la necesidad de compensar a este sector, que afronta importantes pérdidas, tras un año de covid. Hay ayuntamientos que lo han apoyado con bonos especiales, una fórmula que se podría ver reforzada.
El presidente de la Federación de Empresarios del Comercio y Servicios de Zaragoza (ECOS), José Antonio Pueyo, cree que "habría que hablar de compensaciones indemnizatorias, y no de ayudas, para todas las empresas que se han visto obligadas a cerrar o a reducir aforos". Aseguró, no obstante, que por ahora no tiene noticias de la negociación.
También reivindicó el apoyo del Gobierno central. "No sería lógico que se anote el tanto de entregar fondos mientras que el trabajo sucio de limitar la actividad ha correspondido a las comunidades autónomas", expuso.
