El Gobierno de Aragón ultima un decreto que prevé destinar más de 500.000 euros al año a víctimas de violencia de género. La futura norma, que está en información pública, contempla tres de ayudas con diferentes cuantías según se trate de menores huérfanos de víctimas de maltrato, mujeres que sufran violencia doméstica y sexual y mayores de 65 años. 

Los huérfanos de víctimas de violencia de género recibirían una ayuda mensual de 420 euros (5.040 euros al año), que irían destinados a cubrir necesidades básicas materiales y educativas hasta que alcancen la mayoría de edad. El objetivo es evitar que caigan "en situaciones de desamparo". Podrían acogerse a ella tanto los empadronados en Aragón como los que quedaran huérfanos por un crimen cometido en la Comunidad. La ayuda no podrá ser administrada en ningún caso por el autor o inductor del hecho causante de dicha ayuda, es decir, por el agresor. Esta ayuda sería compatible con otras prestaciones pública que el menor pueda recibir. La DGA especifica que en la Comunidad hay en la actualidad tres menores que tendrían acceso a ello.

El futuro decreto, que deberá ser ratificado por el Consejo de Gobierno, también prevé ayudas a víctimas de otra forma de violencia, entre las que figuran la doméstica y la sexual. Deberán ajustarse a los criterios económicos exigidos: carecer de rentas que superen, en cómputo mensual, el 75% del salario mínimo interprofesional vigente. El Instituto Aragonés de la Mujer estima que podrían beneficiarse el 75% de las atendidas al año, unas 132 mujeres al año. El IAM atendió, en total, a 129 mujeres en 2015, a 148 en 2016 y a 157 el año pasado. La cuantía total destinada a apoyar a este colectivo se elevaría, al año, a 511.160 euros. La ayuda será el equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo, que se verán incrementados en función de si la víctima tiene responsabilidades familiares (nueve meses si tiene un hijo, doce meses si son dos).

La prestación complementaria para mujeres víctima de violencia de género mayores de 65 años prevé un pago único de 2.581 euros (seis meses de subsidio por desempleo), a modo de ayuda hasta que las afectadas obtengan una pensión compensatoria derivada de su divorcio. El IAM asistió a 23 mujeres en 2015, 16 en 2016 y 16 en 2017. El 90% de ellas cumplía los requisitos económicos (rentas menores del 75% del salario mínimo interprofesional), debido al escaso porcentaje de mujeres que han trabajado fuera del hogar durante su vida laboral. La DGA estima que se podría atender a 15 beneficiarias al año.

La cuantía total para afrontar el pago de las ayudas, 586.902 euros, se financiaría con el fondo correspondiente a la Conferencia Sectorial de Violencia de Género, según figura en la memoria justificativa que ha preparado el Instituto Aragonés de la Mujer, que dirige Natalia Salvo.

Los beneficiarios de las ayudas deberán destinar la prestación a la prestación para la que se otorgó. Una vez formulada la solicitud, se notificará la resolución en un plazo de tres meses, a contar desde la fecha de registro de la petición. Todas ellas serán compatibles con el percibo de pensiones de invalidez, orfandad y jubilación de la Seguridad Social, y en ningún caso tendrán la consideración de renta o ingreso computable. Su entrada en vigor se producirá cuando, tras la fase de información pública, se apruebe el decreto en Consejo de Gobierno.