Un total de 44 médicos aragoneses han pedido desde abril de 2016 retrasar su jubilación y permanecer en el servicio activo más allá de los 65 años. Según los últimos datos facilitados por el Departamento de Sanidad, se ha autorizado la prórroga a 22 médicos de familia, un pediatra y 21 facultativos especialistas de área.

El Departamento de Sanidad aprobó en abril de 2016 la prórroga a los profesionales de algunas especialidades, y fue a finales de 2017 cuando la autorización se hizo extensiva a todos los facultativos. Invalidaba así al plan de recursos humanos, aprobado por el anterior Ejecutivo autonómico del PP-PAR en 2013, por el que se obligaba a todos los facultativos a jubilarse a los 65 años. Se rechazaba cualquier solicitud de prórroga.

Precisamente, la semana pasada, se hicieron públicas dos sentencias del Tribunal Supremo por las que se declaraban nulas las jubilaciones forzosas de dos médicos del Salud. Pero, además, hay pendientes alrededor de 200 recursos en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) de otros profesionales que les obligaron a retirarse contra su voluntad. Según el estatuto de los empleados públicos, los trabajadores del Salud pueden prorrogar su vida laboral hasta los 70. Ahora, la Administración tendrá que resarcir económicamente a estos médicos por lo que han dejado de percibir en su puesto de trabajo en este tiempo. El sindicato médico CesmAragón calcula que la DGA puede llegar a tener que desembolsar más de 13 millones de euros.

Valorar las necesidades

El año en el que los trabajadores del Salud cumplen 65 años deben, si así lo desean, solicitar seguir trabajando en su puesto de trabajo. Es la Administración la que, de acuerdo a las necesidades de personal que se planteen, debe decidir si autoriza la prolongación de ese profesional en el servicio activo.

De todas las solicitudes presentadas en dos años, el Departamento de Sanidad ha denegado dos, una de un médico de familia y otra de un facultativo especialista de área. La causa que esgrime la Administración para ambas negativas es que en el año anterior al cumplimiento de la edad de jubilación los profesionales habían acumulado más de dos meses en procesos de incapacidad temporal (uno había estado de baja 248 días y otro, 67).

Desde que llegó al cargo, el hasta hace unos días consejero de Sanidad, Sebastián Celaya, defendió la necesidad de permitir a los médicos ampliar su vida laboral por el actual déficit de profesionales. La Administración ha tenido serias dificultades en los últimos años para cubrir las vacantes de algunos centros, especialmente fuera de la capital aragonesa. Los médicos de Teruel, por ejemplo, han solicitado a la consejería un plus de 4.000 euros anuales para cubrir gastos de desplazamiento y alojamiento de los facultativos.

En uno de los últimos consejos interterritoriales, donde acuden los consejeros de las diferentes comunidades, ya se debatió sobre el déficit de profesionales. Entre las medidas, se estudia que los Médicos Internos Residentes (MIR) adquieran un "compromiso de permanencia" para que se queden trabajando en el sistema público de la región donde se formen o la adecuación del número de egresados de las facultades de Medicina con el de las plazas de formación.