El TC desestima el recurso de Aragón a la ley de montes

El Tribunal Constitucional ha desestimado el recurso presentado por Aragón contra la reforma de la ley de montes, que el Gobierno central sacó adelante en el Congreso y en el Senado aprovechando su mayoría absoluta el 25 de julio 2015. En esa modificación, el Ejecutivo de Rajoy introdujo la posibilidad de hacer regulaciones de agua y trasvases entre cuencas (expresamente el del Tajo-Segura) sin pedir el informe preceptivo a Aragón por ser Comunidad afectada (como dice el Estatuto), que el mismo TC había considerado obligatorio en 2012 cuando hubo que cambiar la ley de aguas.

La sentencia, que recoge un voto particular firmado por el magistrado Cándido Conde-Pumpido, admite que la Comunidad fue requerida para emitir su informe, "de modo y en circunstancias formalmente poco atentas". Da por válida la tramitación, pese a que acabó antes de culminar los plazos. Además, el Gobierno central impulsó esa reforma aprovechando el proceso de relevo en el gobierno aragonés tras las elecciones de mayo de 2015 (el de PP-PAR estaba en funciones y no recurrió, y el de PSOE-CHA no tomó posesión hasta el 8 de julio y tardó en hacerlo).

El dictamen del Constitucional reconoce el derecho establecido en el Estatuto de Aragón, como ya hizo en la ley de aguas, pero deja la puerta abierta al Ejecutivo central a reintroducir en la ley de montes "aquellas disposiciones referidas al régimen de transferencias entre demarcaciones hidrográficas con carácter general, así como a extremos de la regulación del trasvase Tajo-Segura" y que todas ellas afectaban al PHN.

El Gobierno de Aragón, que este miércoles cuestionó el contenido de la sentencia, tendrá que evitar la aplicación de esas disposiciones con alegaciones y recursos, incluso, planteando un conflicto de competencias para evitar que el Ejecutivo central actúe unilateralmente en las cuencas que afectan a Aragón, como las del Ebro, Tajo, Júcar o Mijares.