El Gobierno PSOE-CHA incluye toda la concertada y las comarcas para evitar conflictos con Podemos

Son unos 60 millones de euros que en 2017 hubo que añadir con modificaciones que provocaron una crisis política. El Salud dispondrá de 1.871 millones y el IASS logrará el récord desde su creación con 390 millones.

Gimeno entrega a Barba el proyecto de presupuestos de la DGA.
Gimeno entrega a Barba el proyecto de presupuestos de la DGA.
Guillermo Mestre

El Gobierno PSOE-CHA ha incluido en el proyecto de presupuestos para 2018 que este viernes comenzó su tramitación parlamentaria todas las partidas que este año han provocado conflictos con Podemos y con IU, especialmente las relativas a la educación concertada y a los fondos para las comarcas. El Ejecutivo pretende así evitar acudir a las modificaciones presupuestarias que abrieron una crisis política, tanto con la formación morada como con el PP aragonés, que llegó a votar en contra de una propuesta para cubrir el pago de las nóminas de la concertada. En total, las cantidades incorporadas superan los 60 millones de euros, en su mayoría para atender los gastos derivados de los conciertos educativos que fueron ratificados por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA).

No son las únicas incorporaciones que se han llevado a cabo durante la elaboración de los próximos presupuestos, que se han pactado entre los cuatro partidos de la izquierda tras la negociaciones entre el Gobierno de coalición y Podemos. Pero sí eran las que presentaban el principal obstáculo para el pacto, junto a la aplicación del ICA y la dotación de la Ley de Capitalidad para Zaragoza, que se ha previsto con 8 millones de euros para el próximo año.

Cabe recordar que el proyecto de presupuestos no está cerrado, aunque el margen de maniobra sea escaso, como señaló el consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, quien este viernes volvió a agradecer a Podemos "el esfuerzo que todos han realizado para alcanzar un acuerdo". En todo caso, los ajustes se producirán durante la tramitación del proyecto en las Cortes de Aragón.

Respecto a la concertada, la ampliación de 125 a 156 millones de euros (lo que libera otros 15 millones del fondo de contingencia que se podrán destinar a otros usos), tiene su compensación con el plan de infraestructuras educativas que exigió Podemos en la negociación y que este año quedaron pendientes. En conjunto son 35 millones de euros para nuevos institutos de secundaria en Utebo, Parque Goya II, La Puebla de Alfindén y Villanueva de Gállego, y de infantil y primaria en Pedrola, Las anejas de Teruel, Cuarte, Parque Venecia, Arcosur, Valdespartera III y IV y Binéfar. Quedan otros 8,8 millones para diversas actuaciones.

Para las comarcas, la subida es de un 4,12%, lo que eleva la partida a 62,3 millones de euros, a los que se suman 1,5 millones para crear la Comarca Central y los 4 millones del Fondo Social Comarcal. También se mejora el Fondo de Cooperación Municipal (de 18 a 20,7 millones) y se dota con 2,5 millones el Fondo de Cohesión Territorial para poner en marcha medidas contra la despoblación.

Atención a la dependencia

El Salud dispondrá en 2018 de 1.871 euros, un 5,4% más que en el presente ejercicio. La mayor subida es el capítulo del gasto sanitario que alcanza los 485 millones, un 15% más que este año y que aun así no cubrirá el déficit estructural del sistema sanitario aragonés.

Entre las inversiones sanitarias destacan el plurianual de 9,4 millones para impulsar el hospital de Alcañiz, los dos millones para el de Teruel, otros dos millones para el pabellón San Juan del centro de rehabilitación psicosocial del Pilar, los 1,3 millones para reformar la unidad de psiquiatría del Servet y los 600.000 para las urgencias del San Jorge de Huesca.

Por su parte, el Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) tendrá el mayor presupuesto de su historia, con 390 millones, un 6,4% más que en 2017. El aumento más relevante será en atención a las personas con discapacidad, que tendrá 44 millones. El sistema de la dependencia dispondrá de 137 millones de euros, de los que 13,8 serán para ayudas a domicilio, 75 para prestaciones económicas y 48 millones se destinarán a plazas residenciales de personas mayores.

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