El investigador Policarpo Sánchez, portavoz de la asociación Salvar al Archivo de Salamanca, no quiere dejar pasar la oportunidad que ofrece la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno con los bienes aragoneses que están en Cataluña y no se devuelven. Igual que un juez de Primera Instancia 1 de Huesca ha exigido la ejecución de la sentencia de devolver 44 bienes de Sijena, Sánchez reclama que el Gobierno central exija a la Generalitat de Cataluña que devuelva los 4.700 documentos de Aragón que fueron sacados del Archivo de Salamanca.

Sánchez lleva abierta esta batalla desde el año 2006 cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero restituyó a Cataluña documentos del Archivo de Salamanca, pero en esos traslados han denunciado que hay unos 400.000 documentos generados en otras comunidades. "Sabemos que el Gobierno de Rajoy envió cinco cartas al presidente Carles Puigdemont para aplicar la sentencia del Tribunal Constitucional en la devolución de estos documentos (a las comunidades de Aragón, Asturias, Comunidad Valenciana, Castilla-León)", apuntó ayer el investigador.

Además de los documentos de carnés de militantes de partidos o sindicatos procedentes de Aragón, como los de empresas mineras de Cataluña que trabajaban en Alpartir, Fayón y Mequinenza, el investigador va a aportar hoy en Salamanca nuevos descubrimientos. "Hay papeles de los consejos municipales o decretos institucionales de Aragón que he encontrado en la ampliación de la investigación de los últimos meses", apuntó Policarpo Sánchez. "Hay unos 4.700 papeles aragoneses en el expolio que se llevaron a Cataluña y tenemos que denunciarlo", agrega.

La asociación Salvar al Archivo de Salamanca ya presentó el año pasado el caso de un aragonés, Guillermo Suils, cuya familia descendía del valle de Benasque. Su denuncia pública y fuerza mediática provocó que la Generalitat accediera a devolverle sus documentos. Era hijo de un relojero que llegó a trabajar en la Puerta del Sol, cuyo certificado de trabajo de 1937 fue entregado desde el Archivo de Salamanca a la Generalitat. Ni el documento se generó en Cataluña ni era un catalán.

El listado de los documentos de Aragón expoliados del Archivo de Salamanca a Cataluña va a enviarse a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, al ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, y al alcalde de Salamanca, Alfonso Fernández Mañueco. De esta manera, el investigador pretende que el Gobierno actúe en consecuencia para aplicar el artículo 155 y reactivar la devolución de los papeles.

"Además de la sentencia del Constitucional, se presentaron dos mociones en el Senado del Partido Popular y Foro Asturias para que la Generalitat devolviera los documentos y también se aprueban para que se cumplan", indicó Policarpo Sánchez.

El investigador quiere implicar a los ciudadanos y a los medios para esta actuación del Gobierno central para frenar la ilegalidad de la Generalitat con los documentos del Archivo de Salamanca que son de otras comunidades.