La DGA solo ha invertido hasta septiembre un 27% de los 403 millones previstos para 2017

Las inversiones del Gobierno de Aragón están en mínimos históricos no solo por los recortes aplicados por la coalición PSOE-CHA, sino por la baja ejecución de las que sí incluyó en los presupuestos que pactó conPodemos e IU. Así lo demuestra la liquidación remitida a las Cortes, que constata que la DGA ha invertido hasta finales de septiembre apenas una cuarta parte de los 413 millones de euros previstos para todo el año.

El impacto es aún más negativo si se tiene en cuenta que la caída de las partidas de inversión retrotraen al Ejecutivo autonómico a niveles de hace dos décadas. Y eso que en 2017 se corrigieron las cuentas, con un repunte de un 3% respecto al tijeretazo de 2016.

A esto se suma la demora en la aprobación de los presupuestos por las diferencias entre los socios de la izquierda, que imposibilitó el acuerdo hasta mayo y con ello lanzar nuevas obras hasta el pasado verano. Pese a los reiterados intentos por negar este evidencia por parte del presidente, Javier Lambán, y sus consejeros, la realidad es que ha agravado aún más la sequía inversora y provocará que se cierre el ejercicio con uno de los porcentajes de gasto productivo más bajos que se recuerdan en el Pignatelli.

El gasto corriente, fundamentalmente el pago de las nóminas y las transferencias, permiten corregir el cómputo global. De este modo, las obligaciones reconocidas llegan al 63,3% de todo el gasto no financiero de la DGA, 3.118 de los 4.924 millones del crédito definitivo.

La estadística de la Intervención General pone especialmente en evidencia la baja ejecución de las obras comprometidas por Educación y Sanidad, cuyos nuevos equipamientos resultan uno de los pilares de los compromisos sociales de la coalición. Si el Salud cuenta con 31,1 millones de crédito definitivo para acometer inversiones tan reivindicadas como el hospital de Alcañiz, en los primeros nueve meses del año solo se han reconocido obligaciones por 2,1 millones. Es decir, un 6,9%, el porcentaje más bajo de toda la Administración autonómica.

Solo para el centro hospitalario se reservó una partida de 2 millones, pero las máquinas no han entrado a trabajar hasta hace una semanas, por lo que difícilmente se podrá gastar en lo que queda de año más que una parte simbólica.

Tampoco se puede decir que los nuevos colegios anunciados por Educación vaya a cumplir los plazos. Aunque la coalición PSOE-CHA se comprometió a tener listos el Parque Venecia, Arcosur y Valdespartera III para el inicio del curso, los niños seguirán unos meses desplazados porque las obras acumulan un considerable retraso. Y esto se refleja en el gasto comprometido hasta el tercer trimestre: 11,2 de los 37 millones de los que dispone la Consejería para todo el año. No llega ni a un tercio.

Le va a la zaga la Consejería de Vertebración del Territorio, que sufrió como pocas los efectos del recorte inversor para primar el gasto social. Aunque este año se ha recuperado algo, solo cuenta con 64,3 millones para hacer frente, entre otras cuestiones, al mantenimiento y mejora de la depauperada red viaria. Aunque el departamento tiene un 11% más de fondos, las obligaciones reconocidas hasta finales de septiembre ascendían a 18 millones, el 28,1% de la cifra total.

Todo ello contrasta con las propias palabras pronunciadas por el presidente aragonés justo antes de aprobar las cuentas, cuando dijo que todos los departamentos trabajaban desde principios de año para minimizar las consecuencias del retraso en la aprobación de las cuentas.

Consecuencias de la prórroga

Los hechos demuestran que cinco meses con prórroga presupuestaria ha tenido consecuencias. Solo hay que fijarse en los programas de gasto para descubrir cómo hay partidas realmente castigadas pese a ser claves para el desarrollo de la economía, la cobertura social o el impulso de sectores estratégicos como el turismo.

Uno de los ejemplos es el de ordenación, promoción y fomento del turismo, que está dotado con una partida de 15,1 millones de la que no se ha llegado a gastar ni la mitad, 6,5 millones (un 43%).

Una peor suerte corren los fondos para el fomento industrial y fomento y gestión energética, que cuentan con 5,1 y 7,1 millones, de los cuales solo se han gastado en nueve meses 762.746 euros (15%) y 2,1 millones (30%), respectivamente.

Un área clave para el impulso de nuevas áreas de conocimiento y actividad económica como es el de la investigación e innovación tampoco se traduce en un compromiso real: las obligaciones reconocidas apenas superan una quinta parte de los 23,8 millones presupuestados.

La promoción de la cultura dispone de casi 11 millones, pero a estas alturas el gasto se queda en 2,4 millones, un 22,2% del total. El porcentaje de gasto es similar en el programa dedicado a la protección y mejora del medio ambiente, ya que las obligaciones reconocidas se limitan a 2,6 de los 12,1 millones.

En el caso del gasto social de la vivienda, dotado con 29 millones, únicamente se habían gastado 4,7, aunque el reparto de las ayudas están ya comprometidas para el último trimestre.