La fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido abrir una causa penal para investigar las presuntas responsabilidades penales de los dos últimos consejeros de Cultura de la Generalitat, Santi Vila y Lluis Puig, en el litigio por los bienes del Monasterio de Sijena pendientes de devolver a Aragón.

El dictamen de la fiscalía, hecho en respuesta a una denuncia del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, considera que tanto Santi Vila como su sucesor, Lluis Puig, habrían incurrido en presuntos delitos de desobediencia al rechazar hasta en tres ocasiones el cumplimiento de la orden de la juez de Huesca de devolución de las piezas.

En cuanto a Santi Vila, actual titular de la consejería de Empresa, el fiscal apunta, además, a la posible comisión de un delito de prevaricación ya que dictó una resolución en la que vetaba la posibilidad de disgregar la colección del Museo de Lérida, donde permanecen en depósito las 44 piezas reclamadas desde Aragón.

El dictamen, firmado por Fidel Cadena, antiguo fiscal de Huesca y del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), considera la sala de lo penal del Supremo competente para abrir una causa contra los dos consejeros, aforados en el Parlamento catalán.

En un extenso informe, el fiscal precisa los incumplimientos de los responsables políticos desde la publicación de la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Huesca que ordenó la devolución de las piezas, en abril de 2015.

Argumenta el ministerio público que Santi Vila incumplió en mayo de 2016 la orden judicial de elaboración de un plan de transporte y de envío, antes del 25 de julio de ese año, de las piezas reclamadas a Sijena, "primera sede del Archivo de la Corona de Aragón y Panteón Real", agrega el dictamen.

"El consejero -señala el fiscal- hizo caso omiso de la orden y no cumplió ni lo uno ni lo otro, sino que mandó, por el contrario, un escrito al juzgado diciendo que no iba a cumplir con la entrega del plan de transporte previo a la entrega".

Destaca la fiscalía que este requerimiento se hizo después de que el Tribunal Constitucional rechazara un incidente de ejecución planteado por la Generalitat que pretendía dejar sin efecto la sentencia condenatoria.

En octubre de 2016, el juzgado oscense volvió a requerir a Santi Vila para que hiciese efectiva la devolución de los bienes bajo el apercibimiento de multas coercitivas y de responsabilidades penales.

El exconsejero se "liberó" de la obligación alegando que las piezas estaban en una colección que no se podía disgregar sin autorización del titular de la Consejería de Cultura, "condenado -subraya el informe- precisamente a entregarlas".

El informe responsabiliza a Santi Vila de incumplir un tercer requerimiento hecho desde el juzgado oscense el pasado mes de junio en el que se advertía de la deducción de posibles responsabilidades penales en caso de no devolverse las piezas antes del pasado 31 de julio, cuando ya le había sucedido en el puesto Lluis Puig, quien también rechazó la devolución.

Considera el fiscal que ha habido "desobediencia expresa" en relación al menos a tres mandatos judiciales, a pesar de haber sido apercibidos ambos consellers con posibles responsabilidades penales.

Argumenta, además, que la jurisdicción sobre el delito de desobediencia corresponde al Tribunal Supremo ya que su comisión se produjo no en Cataluña sino en el lugar donde debían de ser depositadas las piezas, el Monasterio de Sijena.

Respecto al delito de prevaricación, cuya comisión sí se habría producido en Cataluña, la fiscalía considera que debe incardinarse en el de desobediencia, que absorbería al anterior a la hora de un posible enjuiciamiento.

Según el fiscal, Vila no sólo desoyó la orden de devolución de las piezas, sino que emitió un escrito contra la disgregación de la colección del Museo de Lérida a fin de no cumplir con el requerimiento.