El Gobierno de Aragón realizó en 2016 en el marco del Plan de Inspección de Vivienda un total de 509 controles sobre los alquileres subvencionados y los contratos y fianzas de los arrendamientos, además de los usos y prácticas irregulares en las Viviendas de Protección Oficial (VPO). La mitad de los casos, un 53,05%, se cerraron con expedientes sancionadores. Desde el pasado mes de abril, según los datos facilitados por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo autonómico, se han llevado a cabo 343 actuaciones y se espera alcanzar el medio millar.

No depositar la fianza de un arrendamiento formalizado con ayudas públicas y el alquiler, transmisión o cesión de una VPO sin autorización administrativa previa son los fraudes más comunes detectados. Así, en 2016, sobre 391 casos en los que se comprobó el depósito de las preceptivas fianzas, se abrieron 232 expedientes sancionadores (59,34%). En cuanto al traspaso de VPO, en los 36 inmuebles investigados se detectaron 17 infracciones administrativas (47,22%).

En otras dos de las cinco líneas de trabajo del plan también se han descubierto irregularidades, aunque en menor medida. En 46 hogares se verificó si cumplían los requisitos de los alquileres subvencionados y se incoaron 15 multas (32,61%). Además, se llevaron a cabo 26 revisiones de VPO para examinar si estos pisos estaban ocupados o vacíos y se puso en marcha un procedimiento de sanción para seis propietarios (23,08%). En situaciones de este tipo, el equipo de inspectores se suele fijar en indicios como la carencia de suministros de agua, gas y electricidad, la recepción o no del correo y certificaciones y las declaraciones de los vecinos.

En el plan de inspección también se revisó si las entidades bancarias cumplen con la obligación de comunicar las viviendas que quedan afectadas por un procedimiento de ejecución hipotecaria. Se realizaron una decena de actuaciones en este sentido y no se descubrió ningún incumplimiento.

Más de 300 controles en 2017

En cuanto a la campaña actual, la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, se mostró "satisfecha" porque ya se han realizado 343 actuaciones entre abril y junio, de ellas 300 relativas a las fianzas de arrendamientos urbanos, superándose los objetivos marcados.

Subrayó que es la primera vez que la DGA lleva a cabo inspecciones aleatorias y ejerce un mayor control en el tema de la vivienda social. En el plan de 2017 se ha introducido una línea específica para los casos en los que se modifican los criterios para adjudicar una VPO. "Son los expedientes más complicados, requieren comprobaciones difíciles de tramitar y ha habido algunos de 2016 que no hemos podido cerrar hasta mayo de este año", dijo Andreu.

Estos procedimientos de inspección se inician de oficio o mediante denuncias de particulares y actualmente las dos casuísticas se dan prácticamente al cincuenta por ciento. Las sanciones que se están imponiendo varían desde los 300 euros en el caso de no realizar el depósito de la fianza en un alquiler hasta los 12.000 por falta de ocupación de una VPO. Desde la DGA apuntan que los expedientes que se judicializan no llegan al 10%.

En estos momentos no existe ninguna denuncia sobre vivienda protegida que se haya destinado a uso turístico. "La situación de Zaragoza y Aragón es muy diferente a la que se puede dar en Barcelona, donde los alquileres turísticos permiten ganar más dinero. Aquí se concentran en algunas comarcas del Pirineo y en el entorno de Motorland y en su mayoría se trata de segundas residencias", explicó Mayte Andreu.