La consejería de Educación garantizó ayer a la patronal y a los sindicatos de la concertada que los profesores seguirán cobrando "mes a mes", pero en prácticamente hora y media de reunión no aclaró cómo piensa hacerlo. Este mensaje lo sostuvo también ante los periodistas al término del encuentro, aunque el Gobierno de Lambán sigue sin contar con la mayoría suficiente en las Cortes para aprobar las modificaciones presupuestarias necesarias para cubrir el agujero de 31 millones que impide abonar las nóminas del último trimestre.

El secretario general de Educación, Felipe Faci, recalcó que se buscarán fórmulas "desde el propio Gobierno" para asegurar el pago hasta final de año. Aunque no explicó cuáles, de sus palabras se desprende que podría eludirse la ‘supervisión’ de las Cortes. De hecho, el Departamento de Hacienda está buscando los resquicios que lo hagan posible.

El problema está, a su parecer, en 15,3 de los 31 millones de euros, ya que los 15,7 restantes están consignados en otra partida de los presupuestos. No obstante, para mover el dinero a Educación sigue necesitando la autorización de las Cortes.

Faci quiso dar tranquilidad al sector y ratificó el "compromiso" del Ejecutivo para resolver "el problema generado". Sin embargo, la patronal y sindicatos terminaron el encuentro con "serias dudas" sobre el futuro de los programas de atención temprana y bilingüismo o la recolocación del profesorado afectado por la supresión de aulas. Es decir, sobre todos aquellos gastos que no se consideran corrientes.

"Salimos más tranquilos, pero muy preocupados por los programas que están aún en el aire, que involucran a muchísimos trabajadores que podrían ser despedidos", reconoció Miguel Malla, secretario general de FSIE en Aragón, sindicato mayoritario de la concertada. Lo importante, en su opinión, es que PP, PSOE y Podemos se sienten a negociar. "No tienen derecho a tener vacaciones mientras no resuelvan estos problemas", manifestó.

José Luis Sampériz, secretario general de Escuelas Católicas en Aragón, no descarta que en septiembre tenga que haber más reuniones, ya que –aseguró– "no está todo cerrado". "Nos han transmitido buenas sensaciones, pero falta confirmarlas. Confío en que no haya problemas, pero no tenemos la certeza", recalcó.

José María Marín, presidente de la Confederación Española de Centros de Enseñanza en Aragón, insistió en la importancia de que la concertada "pueda estar tranquila". "Nos sentimos muy inseguros, ya no solamente en el plano presupuestario", expuso.

Críticas al PP

Educación confía en dar una respuesta "lo antes posible", aunque tampoco concretó si hará falta esperar hasta septiembre para saber cómo se pagarán las nóminas. "Los ingresos los tenemos, estamos buscando fórmulas para resolver el problema planteado", insistió Faci, que cargó contra el PP pese a la última oferta de diálogo. "Es sorprendente que el Gobierno no pueda incrementar la partida cuando tiene mayores ingresos para gastar. Es como renunciar a ellos, resulta incomprensible", aseveró.

Opinó, en este sentido, que la estrategia de los populares está siendo "equivocada". "En 2015 nos encontramos con un gasto no presupuestado de 60 millones de euros", recordó. Ese año, añadió, el Ejecutivo tuvo que hacer frente a 40 millones no presupuestados que correspondían a las nóminas de los profesores de la escuela pública y a otros 17 de los de la concertada. "Entonces se hicieron modificaciones", señaló.

El secretario general de Educación criticó que el PP "defienda una cosa y haga la contraria", al tiempo que lamentó no contar tampoco con el apoyo de Podemos para sacar adelante la modificación del presupuesto.