Los colegios concertados de Aragón sabrán esta mañana si cuentan o no con los 31 millones de euros que faltan para pagar las nóminas de su profesorado. El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, lleva hoy a las Cortes las dos modificaciones presupuestarias necesarias para cubrir el agujero con el que, a sabiendas, los partidos de la izquierda aprobaron las cuentas de este año. Y o hace sin haber pactado los apoyos que requiere, lo que deja en el aire el resultado final de la votación: la coalición PSOE-CHA gobierna en minoría, cuenta con el rechazo de sus socios de investidura de Podemos y no se ha sentado a negociar el respaldo con el centroderecha.

Solo dos meses después de la aprobación de las cuentas, el Ejecutivo de Lambán lleva a la comisión de Hacienda más de medio centenar de expedientes de modificación por un importe superior a los 145 millones. La mayoría de ellos afectan a plurianuales, por lo que el centro del debate se centrarán en las once modificaciones de crédito para mover más de 38 millones de euros, 31 de los cuales corresponden a la concertada.

Casi la mitad del dinero para cubrir el agujero de la educación privada subvencionada con fondos públicos saldrá de la sección 30 del presupuesto, en la que Hacienda ya había reservado 15,7 millones para la concertada y que ahora se pretenden traspasar a la consejería de Educación. Y los restantes 15,3 provienen de la inyección extra de financiación del Estado, que permite disponer de un colchón de 34,5 millones.

Un gasto de 156,1 millones

Tanto la consejera de Educación, Mayte Pérez, como el director general de Planificación, Ricardo Almalé, aseguran en los expedientes que con referidos 31 millones se cubrirían las "necesidades presupuestarias hasta diciembre de 2017" para el pago de las nóminas de la concertada. El gasto total sumaría 156,1 millones.

Los diputados del PAR y de Ciudadanos ya han adelantado que no piensan "torpedear" el modelo educativo que defienden, mientras el PP decidirá hasta esta mañana la intención de su voto. El presidente de los aragonesistas, Arturo Aliaga, apuntó que el dinero sale de la financiación extra del Estado, razón de más para respaldar la modificación. En la misma línea se mostró el diputado de Ciudadanos Javier Martínez, quien lamentó que la DGA esté "jugando con fuego, con los sueldos de centenares de profesores cuando no era necesario". Así, aludió al hecho de que la izquierda aprobara las cuentas a sabiendas del agujero de la concertada.

El malestar en las filas populares es más que evidente, ya que la DGA ha rechazado con cajas destempladas sus ofrecimientos de diálogo y no están dispuestos a ser las muletillas del Gobierno de Lambán. En este sentido, recuerdan que las cuentas del año pasado ya requirieron otra modificación para dotar de los fondos necesarios a la concertada, que sí fue motivo de una negociación. Ahora, ni se les ha citado.

El órdago del PP

Lo que está en juego es la estrategia del PP, firme defensor como el resto del centroderecha de un "modelo de libre elección de centro" y de la convivencia de la educación pública y privada sostenida con fondos públicos.

Su portavoz en la comisión de Hacienda, Antonio Suárez, señaló que la decisión se adoptará de formada colegiada, aunque podría incluso variar en función de las explicaciones que se den hoy en la Cámara. Suárez lamentó que el PSOE se negará en la tramitación de los presupuestos a aprobar una enmienda del PP para cubrir el déficit millonario de la concertada, aceptara otro de Podemos que ahondaba aún más el agujero y ahora pretenda que les saque del atolladero sin ni siquiera negociar.

Lo que aún está por ver es si los populares cumplen el órdago lanzado hace justo un mes por su líder autonómico, Luis María Beamonte, quien advirtió al presidente aragonés, Javier Lambán, de que su grupo parlamentario no respaldaría ninguna modificación presupuestaria de calado, como la de concertada , hasta que se sentara a negociar una rebaja fiscal.