Llevamos desde febrero de 2015 oyendo hablar de las 80 viviendas que cedió la Sareb al Gobierno de Aragón para su incorporación a la Bolsa de Alquiler Social. Sin embargo, según ha informado el Gobierno central y corroborado fuentes de la Sareb, el Ejecutivo autonómico nunca llegó a firmar el oportuno contrato para recibir 55 de esas viviendas.

El 5 de febrero de 2015, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria suscribió un convenio de colaboración con el Gobierno de Aragón por el que se comprometía a transmitir el usufructo de al menos 80 viviendas para su puesta en régimen de alquiler asequible. En ese acuerdo marco, se estipulaba que las viviendas se entregarían por fases y que la Administración de la Comunidad Autónoma pagaría un precio fijo mensual por cada una de las que se formalizase su cesión. Fijaba, de hecho, un importe máximo de 760.000 euros distribuidos en cuatro anualidades.

En mayo de ese año se firmaron el contrato de usufructo y el acta de entrega de las primeras 25 viviendas. En los dos años que han pasado desde entonces, nunca ha llegado a zanjarse la cesión de las otras 55, aunque ahora desde la Sareb adelantan que la firma definitiva "es algo inminente" que debería llevarse a cabo este mismo mes de julio.

Cedidas, aunque no aceptadas

Según explicó recientemente el Gobierno central en su respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Popular a la mesa del Congreso, la Sareb puso a disposición del Gobierno de Aragón las 55 viviendas restantes el 12 de noviembre de 2015, remitiendo el contrato de usufructo y el acta de entrega, así como la documentación y las llaves de todas ellas. "El Gobierno de Aragón, hasta la fecha, ha rehusado suscribir el contrato de usufructo y acta de entrega de las citadas 55 viviendas, si bien no ha informado a la Sareb de los motivos de dicha decisión", añadía en su respuesta el Ejecutivo central.

Contradicciones

El Gobierno autonómico expuso a finales de noviembre de ese mismo 2015 que las 80 viviendas cedidas por la Sareb permanecían vacías por falta de fondos suficientes para arreglarlas. "No han servido de nada porque hay que hacer reparaciones que no podemos afrontar y si no hay presupuesto suficiente, seremos incapaces de resolverlo" afirmaba entonces en las Cortes el consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda, José Luis Soro.

Meses después, en julio de 2016, la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, aseguró que la DGA estaba obligada a pagar entre 75 y 125 euros mensuales por cada uno de los 80 inmuebles que se habían incluido en el convenio con la Sareb, aun dándose la situación de que ninguno reunía "las mínimas condiciones de habitabilidad".

Por contra, el convenio dejaba claro que las viviendas vacías propuestas para su cesión por la Sareb debían reunir las condiciones para su uso inmediato y que la Administración autonómica lo comprobaría antes de formalizar la cesión. El único caso en el que se aceptaría la cesión antes de revisarlas sería cuando se tratase de viviendas ocupadas. Este diario informó hace dos años de que 25 de los pisos propuestos para su cesión por la Sareb estaban ocupados, justo el mismo número de pisos que se incluyó en el primer contrato de usufructo.

El convenio también estipulaba que, de necesitar reparaciones que no superasen los 600 euros por vivienda para hacerlas habitables, la Sareb estaría obligada a asumirlas. De superar ese presupuesto, podría dejar la vivienda fuera del alcance del convenio. Desde la Sareb reconocen que los plazos se han dilatado porque "había que revisar los pisos uno a uno para ver en qué condiciones se encontraban y qué necesitaban". Aseguran, sin embargo, que la Sociedad presentó hace unas semanas la adenda al convenio y que ahora permanece a la espera de la firma por parte del Gobierno de Aragón. Algo que prevén que suceda "de forma inminente, este mismo mes de julio" para poder proceder en los próximos meses a la entrega definitiva de los pisos restantes al Ejecutivo autonómico.

Una vez formalizado, el contrato de cesión tendrá una duración de cuatro años, al término de los cuales la DGA debe garantizar que las viviendas sean devueltas a la Sareb vacías y en buenas condiciones.