Los servicios sociales estiman que el nuevo bono social podría suponer un gasto de 4 millones de euros

La próxima implantación del Real Decreto que regulará el nuevo bono social ha provocado las quejas de diferentes colectivos de servicios sociales. La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha sido la más enérgica, llegando a realizar un cálculo del coste adicional que supondría para las comunidades autónomas y los municipios españoles (entre 4 y 4,5 millones de euros en el caso de Aragón); pero también se han sumado una decena de ayuntamientos, entre los que se encuentra el de Zaragoza. La queja general es la “insuficiente” garantía para evitar cortes de suministro y que para impedirlos, los servicios sociales (gestionados por las autonomías y los ayuntamientos) serán los encargados de hacer frente al 50% de la factura.

El borrador del Real Decreto, que se encuentra en estos momentos en manos de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), establece nuevas categorías de consumidores vulnerables. Según ha informado el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, para acceder al descuento del 25% de la factura es necesario que la unidad familiar tenga una renta anual entre 1,5 y 2,5 veces el IPREM (1,5 en el caso de que no haya menores, 2 cuando haya solo uno y del 2,5 veces cuando sean dos). El IPREM anual, en 12 meses, es de 6.454,03 euros según los Presupuestos Generales de 2017.

En el caso de víctimas de violencia de género, terrorismo y personas con una discapacidad superior al 33%; el umbral de renta se verá incrementado en 0,5 veces el IPREM. Además se pueden acoger las familias numerosas y las unidades familiares en las que uno de los miembros sea pensionista del Sistema de Seguridad Social por jubilación o incapacidad permanente, percibiendo por ello la renta mínima.

Además, en este nuevo borrador se incluyen los consumidores vulnerables severos, que tiene unas rentas inferiores al 50% de los umbrales establecidos. En estos casos, en vez de tener un descuento del 25% es del 40%. Cuando estas personas, además, estén siendo atendidas por los servicios sociales municipales o autonómicos, serán estas administraciones las encargadas de financiar el 50% del servicio si se produce un impago, puesto que no se les puede suspender el suministro eléctrico.

“No estamos de acuerdo con esta nueva regulación, ya que no es pedagógica y puede ocasionar un efecto llamada”, lamenta José Manuel Ramírez, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Por un lado, critica que, en el caso de que haya un impago, los ayuntamientos y las autonomías deben hacerse cargo del 50% de la factura (del precio sin el descuento del bono social); sin que esto vaya ligado a un proyecto de intervención social, como sí que se hace en las medidas implantadas por los ayuntamientos o autonomías. “Por ejemplo, en Zaragoza existen las ayudas de urgencia, pero van ligadas a un proyecto social, no se dan libremente”, especifica.

Asimismo, detalla que hasta ahora, las familias han intentado que la factura de luz y el gas fuera la primera que se abonaba. "Al ser conscientes de que no se la van a cortar, puede ocasionarse un efecto llamada. De este modo, puede haber gente que pudiendo pagarla, decidan no hacerlo porque saben que lo harán los servicios sociales”, explica. Todo esto supone una mayor saturación administrativa, “el personal de servicios sociales se ha visto altamente afectado por los recortes”, y problemas a la hora de gestionar el secreto profesional, pues es necesario facilitar esta información a las empresas eléctricas.

Según el estudio elaborado por este colectivo, un total de 12.760 hogares aragoneses estarían dentro de la categoría de consumidores vulnerables severos y, por lo tanto, cumplirían los requisitos para acceder a este bono social. Si estas familias no pagan sus facturas, podría suponer un gasto adicional “y no previsto” de entre 4 y 4,5 millones de euros (dependiendo del importe del gasto). Así se desprende del informe publicado, que se basa en los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta cifra ascendería a 300 millones en el ámbito estatal.

De hecho, el propio borrador especifica que “el coste total estimado de las medidas contenidas en este real decreto no tiene impacto presupuestario, pues no existen costes específicos que determinen la necesidad de una dotación o incremento en las correspondientes partidas presupuestarias”. El documento también especifica que la vigencia de cada situación tendrá que ser examinada al año por las administraciones públicas, es decir, Ayuntamientos y Comunidades Autónomas.

Zaragoza presenta alegaciones al proyecto

Los ayuntamientos de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, A Coruña, Córdoba, Cádiz y Santiago de Compostela presentaron la semana pasada alegaciones al borrador que va a regular el bono social. En este acto, lamentaron que se anteponga la protección de las compañías eléctricas en detrimento del consumidor vulnerable, "porque la defensa de estas familias que podrían encontrarse en riesgo de exclusión social se supedita a la existencia previa de una Administración Pública que asuma por adelantado el pago de las facturas pendientes". Asimismo, reclaman que el bono social debería cubrir entre el 50 y el 100% del coste de la luz en determinadas situaciones.

Estos municipios también han mostrado su desacuerdo ante el hecho de que las familias numerosas, independientemente de sus ingresos, sean catalogadas como vulnerables, “por lo que se podría dar el caso que una familia numerosa con una renta alta se vea bonificada en sus recibos mensuales”. Además, critican que el bono social deja fuera a todos aquellos hogares en los que solo vive una persona.

En el caso de Zaragoza, según los datos mostrados por la vicealcaldesa y consejera de Derechos Sociales, Luisa Broto, en 2016 se tramitaron 5.559 ayudas para pago de suministro energético por una cuantía de casi 600.000 euros. Desde 2009 estas ayudas han sufrido un incremento del 270% tanto en su número como en su cuantía.

Hasta 2 millones para pobreza energética

Por su parte, el Gobierno de Aragón también está instaurando medidas para luchar contra la pobreza energética. Ejemplo de ello es que en los presupuestos de este año se ha incluido una cuantía específica de 2 millones de euros. Además, durante los últimos meses se han ido firmando acuerdos con diferentes compañías eléctricas (Endesa, Gas Natural Fenosa, Iberdrola y Multienergía Verde) y la Federación Aragonesa de Municipios y Provincias (FAMCP) para combatir la vulnerabilidad energética. Según los datos aportados por el departamento de Servicios Sociales, estos acuerdos han evitado el corte de la luz a unas 7.000 familias y han supuesto un importe de 1,3 millones de euros.