La orden judicial de devolución de 97 obras a Sijena sigue sin cumplirse tras dos años

Dos años no han sido suficientes para que el monasterio de Sijena recupere la parte de su tesoro que una sentencia judicial ordenó a Cataluña devolver a su lugar de origen tras declarar ilegales las ventas de 97 piezas. El fallo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Huesca se emitió el 8 de abril de 2015 y tanto el Gobierno de Aragón como el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena se apresuraron a exigir su cumplimiento. El próximo sábado, 3 de junio, se cumplirá el segundo aniversario del primer auto de ejecución provisional de la sentencia, que todavía no se ha materializado.

Apenas la mitad de las piezas, las 51 de menor valor custodiadas en los almacenes del Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) –que asegura haber extraviado otras dos– han regresado al cenobio. La Generalitat accedió a entregarlas el 26 de julio de 2016, un día después de que expirara el plazo dado por el juzgado.

Mientras, el Museo de Lérida continúa reteniendo las 44 obras más preciadas de cuantas son objeto de este pleito. Entre ellas están algunas de las más valiosas que atesora el centro –siete forman parte de su exposición permanente–, por lo que las autoridades catalanas se resisten con uñas y dientes a obedecer los sucesivos mandatos judiciales.

La parte aragonesa no duda en calificar la actual situación de "vergüenza" y "tomadura de pelo", ya que la magistrada Carmen Aznar mantiene paralizado el procedimiento para hacer valer su propia sentencia. De hecho, desde febrero no se ha llevado a cabo ningún trámite judicial encaminado al regreso del lote secuestrado en Lérida.

Y ello, a pesar de que Aragón ya pidió el pasado verano, a la vista de que la parte obligada no tenía ninguna intención de acatar la orden de devolución y de que las multas coercitivas no servirían de nada, que la juez requiriera la colaboración de la Policía para rescatar las 44 obras. El juzgado abrió este proceso en noviembre de 2016, pero la magistrada todavía no ha dado el paso definitivo para que los agentes se personen en el centro expositivo.

Pendientes de la Audiencia

Fuentes jurídicas consideran que, a estas alturas, parece probable que esté esperando a que la Audiencia Provincial de Huesca resuelva los recursos presentados por Cataluña. De ser desestimados, como se espera en Aragón, la sentencia sería ya firme –la cuantía del pleito se fijó en poco más de 300.000 euros y solo cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo a partir de 600.000–, con lo que la Generalitat se quedaría sin uno de sus argumentos más repetidos. Siempre se ha aferrado a que el fallo que obligaba a la entrega no era definitivo y ha sostenido que utilizaría todos los medios para darle la vuelta.

De hecho, nada más dictarse el auto de ejecución provisional planteó un conflicto jurisdiccional que dejó en suspenso la primera orden, con el 25 de septiembre de 2015 como plazo límite para la devolución. En enero de 2016, el Supremo rechazó el conflicto contra el juzgado oscense y hubo que esperar hasta mayo para que Aznar volviera a poner fecha al reintegro: el 25 de julio.

Mientras, la Generalitat también recurrió al Tribunal Constitucional para reclamar que revocara la sentencia y anulara cautelarmente la orden de entrega, pero este no vio motivos y a finales de junio tumbó la enésima estrategia dilatoria catalana. En este caso, ni siquiera lograron suspender la ejecución provisional, que solo acataron parcialmente, con retraso y a regañadientes.

Desde entonces, tampoco han servido de nada las advertencias de la juez al consejero catalán de Cultura, Santi Vila, de que podría enfrentarse a multas y responsabilidades penales por su desacato. No obstante, la propia magistrada descartó semanas después adoptar alguna de estas medidas.

"A mí se me hace más largo que a nadie, pero confío en que la Audiencia Provincial se pronunciará pronto y la sentencia sea por fin definitiva", señala el alcalde de Villanueva de Sijena, Alfonso Salillas, que lamenta la demora que acumula la decisión judicial. Pero la principal culpable de la situación, insiste, es la Generalitat, que "alega que las piezas están declaradas patrimonio catalán". A su juicio, esto constituye un acto de "prevaricación administrativa" porque se hizo "a sabiendas de que las piezas ya estaban blindadas por pertenecer a un Monumento Nacional".