Las dos partes confían en que la reunión pueda celebrarse antes de un mes. Gobierno central y Ejecutivo aragonés están negociando la convocatoria formal de la Comisión Bilateral Aragón-Estado, el máximo órgano de relación que reconoce el Estatuto entre las dos administraciones. Entre los asuntos propuestos en el orden del día, Aragón ha planteado la posibilidad de pactar un acuerdo bilateral de financiación entre las dos administraciones. Ese pacto financiero bilateral está reconocido de forma expresa en la reforma del Estatuto de Aragón que se aprobó en 2007. Sin embargo, ni el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero ni Mariano Rajoy en su primera legislatura aceptaron negociar.

Junto a Aragón, hay otras dos Comunidades que tienen reconocido en sus Estatutos ese pacto bilateral. Son País Vasco y Navarra, que cuentan con él desde que se aprobó su Estatuto. En cualquier caso, el objetivo aragonés no es de máximos como en esas dos Comunidades (que están fuera del sistema de financiación autonómica y tienen su convenio o concierto individual), ya que las posibilidades de conseguirlo serían casi nulas.

Por parte de Aragón, ese pacto bilateral se plantea como la posibilidad de tener un fondo extra del Estado, dentro del modelo de financiación autonómica. Igual que Canarias tiene reconocido un estatus diferenciado por la insularidad y lejanía y por ello recibe un dinero extra del Estado, Aragón reclama que se le reconozca la singularidad que establece su Estatuto, que es ley estatal. Estaría justificada además por la peculiaridad de la despoblación y tener que garantizar los servicios públicos en casi el 10% de la superficie de España pese a recibir menos del 3,5% del conjunto de la financiación autonómica.

De momento, ambos gobiernos trabajan sobre un documento que ha remitido la DGA, dividido en cuatro bloques que cubren unos 35 asuntos, incluido el del pacto bilateral de financiación. Junto a esta petición, el Ejecutivo PSOE-CHA también ha reclamado abordar la negociación que hay abierta sobre la financiación autonómica. Todo apunta a que el Ejecutivo central sí aceptará negociar sobre este último asunto, pero que rechazará asumir avances sobre la posibilidad de un convenio bilateral de financiación con Aragón.

En el orden del día, tendrá un apartado especial el gasto para dependencia. Las posturas entre Gobierno central y DGA son bastante lejanas, ya que mientras la primera asegura que ya paga el 50% del coste, el Ejecutivo aragonés cuantifica la aportación del Estado en menos del 15%. Hay que recordar que la ley obliga a ambas administraciones a aportar una cifra similar para el gasto en ayudas para la dependencia. Si no hay cambios, también abordarán las convocatorias de plazas de funcionarios para docentes y sanitarios.

Trenes, trasvases y lindano

El resto de asuntos propuestos buscan conseguir mejoras competenciales para Aragón, como la posible cesión a la DGA de la gestión de obras estatales, algunas de las cuales son prioritarias para la Comunidad y tienen fondos en los Presupuestos, pero no se ejecutan. Además, entre otros puntos concretos, la DGA ha pedido que se aborden los fondos estatales para la limpieza del lindano. También ha reclamado un compromiso expreso con el corredor Cantábrico-Mediterráneo, mejoras en las cercanías de Zaragoza y que el Gobierno asuma el mandato del Estatuto de Aragón de no favorecer posibles trasvases del Ebro.

La comisión bilateral abordará también la polémica sobre los saltos hidroeléctricos que están revertiendo al Estado y por los que la CHE no está pagando el preceptivo impuesto a los ayuntamientos afectados. Además, también Gobierno central y DGA tratarán la puesta en marcha de plantas de energía renovable y de la llamada Agenda Digital.