Ambuibérica acaba en el banquillo acusada de falsear datos para cobrar más al Salud

El supuesto cobro de 136.811 euros de más al Servicios Aragonés de Salud (Salud) por servicios ficticios o no prestados llevó ayer al banquillo de los acusados a Ambuibérica, como persona jurídica, a su director-gerente, Carlos Magdaleno, y a otros tres empleados: Jorge Pastor Casquero, jefe de tráfico de la empresa, David Llanos Tola, responsable de coordinación de servicios, e Irene Lázaro Benito, administrativa. Para los trabajadores encausados, la Asociación de Ambulancias del País Vasco –que se personó en el caso como acción popular– pide penas que suman 17 años de cárcel y 19.800 euros en multas por falsedad documental y estafa. Por estos mismos delitos, para la compañía propone una sanción de 180.000 euros y la inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, así como para contratar con el sector público.

Los cinco acusados comparecieron ayer ante la Sección Sexta de la Audiencia de Zaragoza, pero ninguno de ellos llegó a prestar declaración, ya que su defensa aprovechó las cuestiones previas del juicio para invocar la llamada doctrina Botín y solicitar el archivo de la causa. El abogado Gabriel Castro recordó a los magistrados que en este asunto ni el presunto perjudicado –el Salud– ni la Fiscalía han presentado cargos, siendo la acción popular la única que acusa. Conforme a las tesis del Tribunal Supremo (TS), cuando esto ocurre, la defensa está legitimada para plantear el sobreseimiento de las actuaciones. Y eso fue lo que hizo.

El presidente del tribunal, Rubén Blasco, consideró la cuestión de "extraordinaria importancia", hasta el punto de optar por el aplazamiento de la vista para estudiar el tema. En el caso de atender la petición de la defensa –que fue apoyada por el ministerio público–, los acusados serán exonerados. De lo contrario, se volverá a señalar la vista y los cinco serán juzgados.

Los hechos que han llevado al banquillo a Ambuibérica y a cuatro de sus trabajadores se remontan al año 2012, cuando llegó a la Fiscalía de Zaragoza una denuncia anónima en la que se acusaba a la empresa de estar inventándose servicios para facturar de más al Salud. Con la documentación aportada en aquella denuncia y una serie de investigaciones posteriores, la Fiscalía entendió que existían indicios de delito suficientes para enviar el asunto al juzgado. Máxime, tras comprobar que durante los meses de agosto, septiembre y diciembre de 2012 Ambuibérica estuvo facturando al Gobierno aragonés por el transporte sanitario de pacientes que para entonces ya habían fallecido.

Durante la fase de instrucción –de la que se hizo cargo el Juzgado número 11 de Zaragoza–, la representante procesal de Ambuibérica y los ahora encausados explicaron al juez Luis Fernando Ariste que no había habido mala fe ni intención de engañar y que todo era consecuencia de un "error informático". La empresa reconoció que, como consecuencia del supuesto fallo, había cobrado 136.811 euros de más al Salud, por lo que llegó a un acuerdo con este para restar de sus futuras facturas el dinero percibido de forma injustificada.

El Ejecutivo autonómico PP-PAR dio por buenas las explicaciones de la empresa y considerándose resarcido del perjuicio optó por retirarse de la causa. Lo mismo hizo después la Fiscalía, quien ya propuso el archivo de la actuaciones en el verano de 2016.

La Fiscalía pide el archivo

"No hay un daño a la sociedad ni a las arcas públicas, ya que Ambuibérica reconoció el error y compensó el perjuicio", argumentó ayer la representante del ministerio público. Es más, según esta, la Asociación de Ambulancias del País Vasco (acción popular) y la empresa a la que acusa tienen interés enfrentados y han sido competencia en algunos concursos públicos.

Para el abogado Alexander Azpitarte, que representa a los denunciantes, su presencia en la causa se justifica en "la necesidad de garantizar la transparencia en el sector". Además, esta parte entiende que sí hubo una clara intención de engaño por parte de Ambuibérica, "que no justificó los cobros de más a la DGA hasta que se presentó la denuncia anónima en Fiscalía". Según la acción popular, no fue un error informático sino una estrategia premeditada y fraudulenta la que llevó a los acusados a falsear servicios para maximizar sus beneficios.