Apoyo de las asociaciones aragonesas de hígado y riñón para proteger al donante vivo

Alcer Ebro (Asociación aragonesa para la lucha contra las enfermedades del riñón) y Aetha (Asociación de enfermos y transplantados hepáticos de Aragón) han anunciado su apoyo a la campaña iniciada en la plataforma change.org para pedir una protección legal especial para los donantes vivos de órganos.

La iniciativa –puesta en marcha hace una semana por la Asociación Española de Ayuda a Niños con Enfermedades Hepáticas y Trasplantados (Hepa) y que ha recogido ya casi 300.000 firmas–, denuncia presiones laborales e incluso despidos cuando un trabajador decide someterse, voluntariamente, a una intervención quirúrgica para donar un órgano. El caso concreto que ha dado pie a la campaña es el de un padre que perdió su empleo cuando tuvo que donar parte de su hígado a su hija. Asimismo, se narran situaciones en las que otros donantes sufrieron presiones en sus empresas para conseguir días libres porque tenían que hacerse pruebas médicas o revisiones.

La Hepa denuncia el vacío legal en el que se encuentran estos donantes y exige a los ministerios de Empleo y de Sanidad que regulen esta figura para que tenga una consideración legal y laboral especial, similar al de las mujeres embarazadas.

Desde las asociaciones aragonesas de transplantados se apoya totalmente esta campaña y se pide protección para los donantes vivos, una categoría que los médicos miman porque esta modalidad (cada vez más numerosa en hígado y, sobre todo, en riñón), presenta beneficios claros sobre los convencionales transplantes de órganos de cadáveres.

Modalidad al alza

El año pasado, en Aragón se hicieron 10 transplantes de riñón cuyo donante fue una persona viva (un año antes se habían transplantado 3). Desde 2007, fecha en la que comenzaron estas donaciones de órganos entre vivos, han ido paulatinamente en aumento: en 2014 se hicieron 14 transplantes; 11, en 2013; 10, en 2012; 7, en 2011; 4, en 2010; 3, en 2009; otros 3 en 2008 y 1 en 2007.

Para Alcer Ebro, el problema es que las leyes van por detrás de los acontecimientos. "La donación de órganos entre personas vivas –explica un portavoz de la asociación aragonesa– es una modalidad de transplante relativamente reciente y la cobertura de estos donantes no está aún bien resuelta". Para este representante, "el beneficio que aporta una persona que, generosamente, dona un órgano es evidente. No solo desde el punto de vista sanitario y humano, ya que su gesto puede salvar una vida, sino desde el punto de vista económico y de eficiencia de los recursos". Alcer Ebro recuerda que un enfermo que debe someterse a hemodiálisis le cuesta a la Seguridad Social alrededor de 50.000 euros al año. Un transplante tiene un coste cercano a los 30.000 euros y el transplantado puede vivir sin grandes problemas una media de 15 años con ese órgano (tiempo durante el cual se evita la hemodiálisis). "Está perfectamente justificado –dice– que, desde el punto de vista laboral, un donante vivo tenga una protección especial que le evite angustias y le garantice que su puesto de trabajo no está en peligro. Al donante en vivo hay que compensarlo porque aporta vida".

Similar opinión manifiesta el presidente de Aetha, Miguel Barrachina. En el caso de los transplantes hepáticos, la situación es aún más dramática, ya que los que precisan donantes vivos son niños. Barrachina explica que los enfermos adultos que necesitan un hígado lo reciben de personas fallecidas (es rara la donación entre vivos ya que la lista de espera para una operación de este tipo no es excesivamente larga), pero en el caso de los menores, la baja tasa de mortalidad hace difícil encontrar donantes, por lo que deben buscar entre familiares cercanos que sean compatibles con el pequeño y que puedan darles parte del órgano.