La Cámara de Cuentas advierte de que Aragón podría tener que devolver 117 millones del plan de depuración

Aprueba las cuentas del Instituto Aragonés del Agua pero señala las consecuencias del incumplimiento del plazo para las obras de depuración en el Pirineo y apunta a que el plan aragonés será insostenible si no incluye el ICA de Zaragoza.

Río del pirineo aragonés
La Cámara de Cuentas advierte de que Aragón podría tener que devolver 117 millones del plan de depuración

La Cámara de Cuentas de Aragón advierte, en un informe de fiscalización del Instituto Aragonés del Agua (IAA), que la Comunidad autónoma podría tener que devolver al Estado 117 millones de euros ante el "probable incumplimiento" este año del plan de depuración de las cabeceras de los ríos pirenaicos.

Según informa este órgano fiscalizador, el documento elaborado considera "relevante" la incertidumbre derivada del plazo fijado para finales de este año para la ejecución estas obras, consideradas de interés general del Estado.

El informe, enviado a las Cortes de Aragón para su tramitación parlamentaria, realiza una auditoría financiera y de cumplimiento de la legalidad sobre las cuentas anuales del IAA en 2015, pero dedica una especial atención al desarrollo del Plan Aragonés de Saneamiento y Depuración, desde su aprobación hasta finales de dicho año.

Impuesto sobre la Contaminación del Agua

Se incluye un análisis en profundidad de la estructura de la red de depuración de Aragón, compuesta de 1.153 plantas, de las que a finales de 2015 solo estaban en servicio 255, con un escenario que prevé en el horizonte de 2015 unos gastos totales de más de 3.000 millones que se prevén financiar con el Impuesto sobre la Contaminación del Agua (ICA).

Advierte la Cámara de Cuentas que este sistema de financiación se ve afectado ante la "incertidumbre" que se deriva de la incorporación o no de los contribuyentes de Zaragoza, cuya exclusión del ICA se estima en un impacto económico de 543 millones en el horizonte de 2015.

El estudio proporciona, además, un análisis comparativo de los costes del servicio de depuración en función de las distintas modalidades contractuales empleadas para la gestión de las plantas (explotación directa o concesión), así como de los efectos del sobredimensionamiento de las ya construidas en los gastos soportados por el IAA.

El órgano fiscalizador considera que las cuentas aportadas expresan en todos los aspectos significativos la imagen "fiel" del patrimonio del IAA, pero detecta 17 incorrecciones, algunas, advierte, de gran impacto en la cuenta auditada, como 350 millones de euros en activos del sistema de depuración no contabilizados en el balance del Instituto.

Insiste en destacar, en relación a las previsiones de gastos e ingresos del Plan de Saneamiento y Depuración, del desfase que se incurriría si finalmente no se incorpora al régimen tributario del ICA la ciudad de Zaragoza.

La sobras, un 25% más caras

Advierte, además, que las obras de construcción y los servicios de explotación de las plantas de depuración en funcionamiento en 2015 resultan un 25% más caras en los contratos de concesión, lo que supone un sobrecoste anual de 5 millones de euros.

Sin embargo, destaca el informe que no se ha realizado un análisis comparativo sobre la "eficacia" de la gestión de depuración realizada directamente por el IAA frente a la desarrollada por los concesionarios.

Admite también que los criterios de valor por precio, coste global, eficacia y de imputación de riesgos, junto a motivos jurídicos, económicos, financieros o administrativos podrían justificar la adopción de esta fórmula de contratación (concesión), "aparentemente más cara".

El informe concluye con un paquete de recomendaciones que incluye, en relación con los grandes programas de inversión pública, la implantación de sistemas de evaluación previa de las ventajas e inconvenientes jurídicos, económicos, administrativos y de gestión de las distintas modalidades de contratación.

En relación a este punto, se recomienda que cuando el modelo elegido para el desarrollo de estos grandes programas de inversión suponga la formalización de contratos de larga duración (20 o más años) que condicionen el margen presupuestario y la capacidad de decidir de futuros gobiernos, exista un "mayor control de las Cortes de Aragón". 

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