Podemos respalda los presupuestos pese a sostener que “los podría presentar el PP”

Los cuatro partidos de la izquierda han sumado este lunes sus votos en el debate a la totalidad de los presupuestos, lo que permitirá que Aragón tenga finalmente presupuestos en el mes de mayo. No obstante, el diputado de Podemos, Héctor Vicente, ha pretendido desvincularse en el pleno de las Cortes, señalando que si han dado su apoyo es “por necesidad”, porque la alternativa de la prórroga era “peor”. Y lo ha dicho tras argumentar que no les gustaban las cuentas, hasta el punto de sostener que eran “continuistas y las podría presentar el PP”.

La realidad es que ahora queda menos de mes y medio para que los grupos presenten y negocien las enmiendas antes de que se apruebe definitivamente el proyecto de ley, que fija un techo de gasto de 5.052 millones de euros, casi 258 más que el año pasado para reforzar las políticas sociales y paliar el recorte inversor del año pasado.

La oposición ya ha advertido de la imposibilidad de ejecutarlos porque apenas habrá un trimestre para ejecutarlos, habida cuenta del cierre contable que impone el Estado. Incluso los socios de investidura del presidente Lambán, Podemos e IU, han mostrado su preocupación por la capacidad real de cumplirlos.

Buena parte del debate se ha centrado en el recorte de aulas a las concertada, una de las condiciones exigidas por la formación morada al Gobierno PSOE-CHA para tramitar las cuentas. Tanto el diputado popular Antonio Suárez como la aragonesista Elena Allué han tildado el presupuesto de “sectario”, además de acusar a la DGA de buscar la confrontación y generar un problema donde no lo había, en referencia a la educación.

Al igual que el parlamentario de Ciudadanos Javier Martínez, han coincidido en los “agujeros” del presupuesto, de los entre 149 y 211 millones de euros que faltan de gasto social en el proyecto de ley para igualar al presupuesto definitivo de 2016. Esto les ha llevado a negar que se avance en las políticas sociales antes de acusar al Ejecutivo económico de olvidarse del impulso económico y de los 80.000 aragoneses que están en el paro. Y muy concretamente Elena Allué se ha referido a los 453 profesores de la concertada que, ha vaticinado, “van a estar en la calle” en los próximos años por el cierre de aulas.

El consejero de Hacienda, Fernando Gimeno, con el apoyo de los diputados Alfredo Sancho (PSOE) y Gregorio Briz (CHA) ha negado la mayor y ha pasado al contraataque. Además de garantizar el empleo a los profesores y asegurar que no se va a disminuir “ni un euro” a la concertada pese a que faltan 17 millones respecto al gasto de 2016, Gimeno ha acusado a la derecha de comparar “churras y merinas”. También les ha recordado los más de 500 millones de facturas en los cajones con los que acabó 2015 el Ejecutivo PP-PAR y que tuvo que asumir. También ha sacado pecho al asegurar que los 177 millones que dejó sin ejecutar el año pasado suponen el mejor dato de toda España.