Olona pedirá al Ministerio revocar el permiso de 2010 que autoriza el trasvase de Cataluña

El Ejecutivo aragonés pedirá al Gobierno central que frene los planes de la Generalitat de Cataluña para llevar agua del Segre a 31 municipios, de los que al menos cuatro tienen parte de su territorio fuera de la cuenca del Ebro. Para el consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, no hay duda de que se trata de una "amenaza real" ante la que ayer reiteró que la DGA adoptará "todas las medidas políticas y jurídicas necesarias" para oponerse "frontal y absolutamente a cualquier tipo de trasvase". Y una de las medidas clave para desactivar el citado proyecto pasa por que el Ministerio de Medio Ambiente revoque la resolución que en octubre de 2010 permitió esta transferencia, aunque con condiciones, y a la que la Generalitat se aferra ahora para reactivar el proyecto a toda prisa. De hecho, pretende empezar "cuanto antes" para tener construida la tubería de 122 kilómetros, presupuestada en 22 millones, en 2019.

Según la autorización concedida en octubre de 2010, el agua del Segre podría llegar a esos cuatro municipios (Montmaneu, Santa Coloma de Queralt, Les Piles y Forés) a través del canal Segarra-Garrigues solo de forma "temporal y transitoria" y el permiso "caducará conforme reciban recursos de las cuencas internas de Cataluña". Antes de tomar esta decisión, el Gobierno de Zapatero consultó, en cumplimiento del Estatuto de Aragón, a la DGA (presidida entonces por el también socialista Marcelino Iglesias, con el apoyo del PAR), que supeditó su visto bueno a que la transferencia fuera temporal, entre otras condiciones.

Pero el actual consejero de Medio Rural dice que los planes de Cataluña implican "convertir una autorización para una solución puntual y transitoria, como fue una etapa de sequía, en una acción estructural y definitiva y que asimismo pretende trasvasar agua fuera de su cuenca natural y cambiar un uso agrario por otro de abastecimiento a la población".

Además, el Gobierno aragonés considera que Cataluña ha aprovechado esta circunstancia a la hora de elaborar el plan hidrológico de sus cuencas internas para el periodo 2016-2021, que se aprobó el pasado jueves en el Consejo Nacional del Agua con el voto en contra de Aragón. En él se reconoce el déficit hídrico de la Comunidad por lo que "es imposible aplicarlo sin caudales externos", según Aragón, que también advierte de que "las infraestructuras están previstas para llevar más agua". La DGA ya ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña contra la aprobación por parte de la Generalitat tanto del propio plan como del programa de medidas vinculado a él, y ya ha anunciado que también impugnará el Real Decreto con el que el Gobierno central convalidará el plan. Será el séptimo recurso aragonés desde 2010 a cuenta de las pretensiones catalanas en materia hídrica.

Olona reclamó ayer "unidad de todas las fuerzas políticas, económicas y sociales de Aragón para hacer frente a este nuevo reto" y el presidente Javier Lambán, pidió ayer comparecer a petición propia en el pleno de las Cortes para hablar de este tema.

Pero mientras el asunto se dirime en los tribunales, Cataluña no quiere perder tiempo y tras firmar hace menos de un mes el acuerdo con la treintena de municipios que se beneficiarían del nuevo abastecimiento, se prevé que en seis meses esté listo el proyecto definitivo, que deberá salir a información pública, y también habrá que ejecutar las expropiaciones. La Generalitat pretende completar esta fase este año y licitar las obras en 2018 para que al año siguiente estén ya terminadas.

Otro trámite imprescindible es que la Confederación Hidrográfica del Ebro otorgue la concesión de caudales para el proyecto de abastecimiento solicitada en su día por los consejos de las cuatro comarcas catalanas implicadas. Y allí no ponen plazo a la resolución del expediente, pero sí advierten de que será "largo y complejo".