Acusación y defensa difieren en 5 millones sobre el precio del kartódromo

Los informes periciales presentados por la acusación y la defensa en el juicio, que trata de determinar si hubo sobrecoste en la compra del kartódromo adquirido por la sociedad Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) en 2004, difieren en 5 millones de euros.

Mientras el perito del Gobierno de Aragón lo valora en 915.000 euros, las defensas lo elevan a más de 6 y se aproximan a los 6,3 que se pagaron.

Las presentación de pruebas periciales aportadas por las partes ha centrado la cuarta sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Zaragoza contra el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril y el exconsejero de la Plataforma Carlos Esco, también exviceconsejero socialista de Obras Públicas de Aragón, por cohecho y malversación en la compra del kartódromo a Santiago Becerril, acusado por haber pagado una comisión de 661.110 euros a los otros dos implicados.

Y ha sido la tasación de los terrenos la que ha ocupado la mayor parte de las intervenciones de los peritos, que han puesto de manifiesto la existencia de métodos diferentes para hacerlo y la consideración del mismo suelo únicamente como rústico o valorando las posibilidades de desarrollo económicas futuras.

Así, el perito José María Ruiz Poveda, citado por Plaza y por el Gobierno de Aragón, ha valorado el precio total del Kartódromo en 2004, cuando se hizo la compraventa, en 915.000 euros y ha insistido en que se trata de suelo rústico, a su juicio, "sin expectativa urbanística".

Esta cuantía recoge el valor del suelo, del inmueble y también las rentas esperadas por el negocio cesante, que hay que valorar y que no hizo el perito judicial que cifró en 2,3 millones el valor del kartódromo.

Ruiz Poveda ha insistido en que los testigos (referencias) de las fincas rústicas, como era el kartódromo, no pueden ser fincas con negocio, como eran Petróleos Zaragoza y Transportes Hermanos Roche que valoró el perito judicial, por lo que ha insistido en que su tasación "no está bien hecha" porque además la ley exige al menos seis testigos y solo se tomaron como referencia dos.

Por su parte, el economista Javier Nieto Avellaned ha cifrado en 718.000 euros el valor del lucro cesante y el daño emergente, sin llegar a contabilizar el suelo ni las instalaciones de la parcela.

Por parte de la defensa de Esco, el agente de la propiedad José Luis Polo Francisco, ha insistido en que la "vocación" del Kartódromo es "incorporarse" a Plaza y su valor urbanístico le viene por esa incorporación y no por ser suelo rústico, por lo que ha desestimado la comparación con otros terrenos para establecer el precio, máxime cuando el Kartódromo era "tan singular".

Su estimación final del suelo, edificaciones e indemnizaciones de la parcela alcanza los 6.082.000 euros, toda vez que ha apuntado que el análisis DAFO, que evalúa la situación de una empresa en función de sus debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades, indica que Plaza compró bien la parcela.

También superan los 6 millones, hasta alcanzar los 6,8, el valor del kartódromo para el perito José Carlos Oliván, de la defensa de Santiago Becerril.

En la sesión, también ha testificado por parte de la defensa de Esco el perito Ignacio Ruiz-Jarabo, quien ha apuntado que, contra lo que señala el informe elaborado por la policía, "no es anómalo ni inusual" el incremento patrimonial de 280.000 euros en seis años del matrimonio de Carlos Esco y Eva Almunia dado que supone 45.000 euros anuales e ingresaban entre los dos 200.000 euros anuales por trabajo.

La defensa de García Becerril, por su parte, ha centrado las pruebas periciales en tratar de determinar la naturaleza pública o privada de la sociedad Plaza desde el punto de vista económico.

Y el perito Mariano Val ha concluido que los caudales de Plaza son privados tanto por la actividad, que no tiene redistribución de renta ni presta servicios a los ciudadanos, como por los ingresos, que provenían por la venta de parcelas y naves y no de impuestos a los ciudadanos, extremo que ha rebatido el Fiscal al preguntarle por la procedencia de las ampliaciones de capital del Gobierno de Aragón.

Val ha destacado además que Plaza tenía como objetivo obtener el máximo beneficio y que no tenía subvenciones importantes ni diferentes de cualquier otra sociedad mercantil y ha añadido que las entidades bancarias son privadas, como recoge la Confederación Española de Cajas de Ahorro.

El juicio, con jurado popular, continuará mañana con la lectura de los informes finales de las partes.