Aumenta un 32% las aragonesas que renuncian a declarar contra su agresor

El Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género solicita que se elimine esta dispensa que puede provocar que el acusado sea absuelto.

Una mujer en la sede del IAM de Huesca.
Una mujer en la sede del IAM de Huesca.
RAFA GOBANTES

Cada año unas 300 mujeres renuncian a declarar contra su agresor en los juzgados de Aragón, una práctica que se encuentra al alza en los últimos meses pero que está siendo cuestionada por diferentes organismos jurídicos. La última en dar su alegato ha sido la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Hace unas semanas, Ángeles Carmona explicó en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados la necesidad de modificar el artículo 416 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permite que las víctimas de violencia de género no tengan la obligación de declarar contra su maltratador.

La presidenta del Observatorio indicó que el elevado número de mujeres que se acogen a esta dispensa puede dar lugar al archivo del procedimiento (si se hace en fase de instrucción) o a una sentencia absolutoria, si no existen más testigos de los hechos (una vez abierto el juicio oral). Por estas razones Carmona considera que debería ser obligatorio que la víctima declara, con el objetivo de evitar la impunidad del agresor.

"Esta legislación se basa en que las personas de una misma familia no tienen la obligación de declarar contra otro miembro. Por ello, se pueden adherir las mujeres maltratadas", recuerda la abogada Yolanda Mompel. De este modo, pueden no declarar contra su agresor siempre que estén casadas o tengan una relación de pareja. Los únicos casos que no se pueden adherir (desde 2013) son cuando la relación se ha terminado (ha habido un divorcio o separación) o la víctima está personada en la causa para ejercer la acusación particular. Según el informe anual del CGPJ, al menos, un 11,5% de las denunciantes deciden no declarar. 

"Encontramos muchos casos de mujeres que denuncian y no declaran o que ni siquiera llegan a denunciar. Cuando ocurren estas situaciones y no hay ningún testigo, aunque el juez y el fiscal sepan que algo está ocurriendo, no pueden hacer nada", lamenta Mompel. Asimismo, puntualiza que, a pesar de que exista un parte de lesiones, el agresor puede ser absuelto: "Ella puede no declarar y decir que se lo ha hecho en la bañera".

En el último año, el número de víctimas que han preferido no declarar contra su agresor ha aumentado de manera significativa tanto en Aragón como en el conjunto nacional. Según los datos del CGPJ, en 2016 un total de 364 mujeres se acogieron al artículo 416, un 32%% más que el año anterior. Esta tendencia al alza también se ha percibido a nivel nacional, aunque mucho más diluida. En concreto, en el últimos año se ha incrementado un 5,2%, superando las 16.000 renuncias a declarar contra su pareja o expareja.

Las razones por las que las mujeres deciden no declarar pueden ser varias: "En muchos casos es por miedo, pero también hay otras cuestiones como la falta de recursos económicos, la soledad (especialmente en parejas extranjeras que no tienen más familia en el país) o la opinión de las familias". Desde su punto de vista el incremento registrado en los últimos meses se puede deber a cuestiones económicas. "Hay recursos y casa de acogida para estas mujeres y sus hijos, pero son pocos y tienen una duración limitada. Hay muchas que no se arriesgan a denunciar o declarar por esta cuestión", explica.

Más del 40% de las mujeres que renuncian son extrajeras. "En estos casos, el estar sola en España o la opinión de las familias cuenta mucho. Además, no hay que olvidar que cada país tiene su cultura y su forma de reaccionar ante esta situación es diferente. Por ejemplo, conocemos casos de violencia de género en parejas chinas, pero no hay casi denuncias", sostiene.

Los atestados policiales, la principal fuente de denuncias

Durante 2016 en Aragón se han registrado un total de 3.162 denuncias por violencia de género (un 20% más que en 2015). El 91% de ellas se producen tras el correspondiente atestado policial: unas por la propia iniciativa de la víctima, otras realizadas por un familiar y unas terceras en las que es la policía la que actúa de oficio. Esto es lo ocurrió cuando en octubre de 2015, una mujer fue rociada con gasolina por su marido en un municipio de Toledo. Sin embargo, pese a las declaraciones de la Guardia Civil que la atendió en aquel momento, durante la celebración del juicio esta semana, la víctima ha preferido exculparle, diciendo que no quiso matarla prendiéndole fuego, que no la amenazó y que “se ha exagerado mucho”.

Solo en un 1,1% de los casos la denuncia parte de manera directa por la víctima o por alguien de su entorno familiar y en un 7,7% de las situaciones es un parte de lesiones, que se recibe directamente en el juzgado, el que hace que se empiece a tramitar la denuncia. Muchos de estos casos se producen porque la víctima acude al centro de salud o al hospital y es este organismo el que activa el protocolo de maltrato. En el resto de los casos, son otros los que dan la voz de alarma.

"Estamos muy preocupados porque cada vez hay más casos: más denuncias, más mujeres que no declaran y más asesinatos", asegura Mompel. De hecho, reconoce que no hay un perfil concreto del maltratador.: "En mi despacho he visto casos de todo tipo y cada vez es más común que vengan mujeres mayores, hasta octogenarias, y también jóvenes. Algo que es totalmente terrible".

¿Por qué se retiran las denuncias?

La macroencuesta de violencia contra la mujer de 2015 hace un análisis pormenorizado de la violencia de género en España. Entre otras cuestiones especifica que el 30% de las mujeres que retiran una denuncia lo hacen porque su pareja o expareja les prometió que no iba a suceder más. Dentro de este apartado (en el que las encuestadas pueden dar varias respuestas, por ejemplo, que su pareja le prometió que no volvería a hacerlo y que todavía sigue enamorada), casi el 29% indicaron que la razón fue el miedo. Por su parte, el mismo porcentaje aseguró que confiaban en que la situación podría cambiar.

El 25% esgrimió como justificación que era el padre de sus hijos, el 24% sentía pena por su pareja y el 21% recibieron amenazas para retirar la denuncia. Los argumentos menos repetidos fueron una posterior separación (19%), estar enamorada (17%), que alguien se lo aconsejó (16,4%) y la falta de recursos económicos (12,8%).

Además del elevado porcentaje de mujeres que retiran la denuncia contra su agresor (un 21%), un 65% ni siquiera llega a presentarla. El motivo más repetido (44,6%) es que “tuvo muy poca importancia o no era los suficientemente grave”. Esta cuestión es una de las más reiteradas entre las jóvenes, de hecho, el 57% de las mujeres con una edad comprendida entre 16 y 24 años aludieron a esta cuestión para justificar que no habían denunciado ni informado a la policía. Por el contrario, esta cuestión se diluye según va aumentando la edad de la víctima.

Por su parte, el 26,6% no lo hizo por temor a las represalias y el 21,1% dejó de denunciar por vergüenza (al igual que en el caso anterior las respuestas pueden ser múltiples). El miedo tiene una mayor presencia entre las víctimas de entre 25 y 34 años y de 45 a 54 años, cuando el 30% aluden a esta cuestión. Por su parte, la vergüenza se repite más en mujeres mayores de 55 años. Entre todas las respuestas dadas, cabe destacar que más del 9% pensó que era su culpa y un 8,2% consideró que nadie la creería.

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