Los padres y madres del Pío XII de Huesca llevaron a los tribunales la escolarización de hace dos cursos. Consideraban que no había equilibrio con otros centros y que una concentración en su colegio de alumnos con necesidades especiales les perjudicaba. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) les ha dado la razón y ha pedido al Gobierno autonómico un nuevo reparto antes de final de mes.

Se trata de una misión complicada, a pesar de que la comunidad escolar está de acuerdo en que la situación actual debe mejorarse, porque convierte a colegios en guetos, mientras otros no presentan apenas Acneaes, como se conoce en el sector a los escolares con necesidades educativas especiales. Sin embargo, casi todos los consultados resaltan la dificultad de cumplir este cometido en un futuro cercano.

La Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Escuela Pública, Fapar, está totalmente de acuerdo con la sentencia. Pero cree que la distribución equitativa del alumnado no puede hacerse repartiendo niños que sobran en un colegio y llevándolos a otro, sino que debe servir para que haya una planificación en el futuro.

"Por eso defendíamos ratios más bajas en los colegios y reserva de plazas para este tipo de estudiantes durante todo el año, porque es una manera de mejorar la atención que se presta", explican. En esta federación son también conscientes de que en un entorno determinado va a haber más casos, por las dificultades que viven las familias en determinados barrios, y eso no debe obligar a sus hijos a desplazarse lejos para ir al cole.

Pero, en ese caso, solicitan tratar de equilibrar en los centros de la zona y, en último caso, destinar más recursos a los colegios en esa situación.

En el pacto educativo

Como informa una de sus miembros, en el reciente pacto educativo hay una petición concreta para que no haya más de un tercio de Acneaes en cada colegio. Aunque el plan aún no está aprobado y tiene aún que debatirse en pleno, el Gobierno de Aragón ya introdujo este año, en la orden de escolarización para este curso, un límite máximo de 30% de estudiantes con dificultades especiales para cada centro.

El Ejecutivo también quiere cumplirlo, y pide la colaboración de otros departamentos para identificar necesidades específicas. "Debemos recuperar, por ejemplo, la atención temprana, para que los niños tengan un diagnóstico antes de entrar en el colegio y que, uno o dos años después de comenzar, no se identifiquen como un estudiante con una necesidad especial", explican.

Pero, más allá de los Acneaes, se encuentra el problema de los colegios conocidos como centros gueto. La cercanía a los domicilios es una de las circunstancias que más puntos dan para conseguir plaza en un colegio, y hay barrios más desfavorecidos que otros, dentro de una misma ciudad. Las diferencias de renta no tienen por qué tener un reflejo en el éxito escolar, pero en contextos muy desfavorecidos sí se presentan más dificultades, en general, para los alumnos y, por ende, para los centros.

En algunos de los consultados, con mayoría de población inmigrante o que han presentado problemas de convivencia o de altas tasas de fracaso escolar en el pasado, el problema radica en que una vez que los estudiantes han empezado, es imposible cambiar la composición de las clases. "Ahora, ¿cómo vamos a redistribuir?", se preguntan. "Estando de acuerdo con el fallo, me parece que cumplirlo es difícil, porque no los vas a sacar del centro", dicen desde la dirección de uno de estos colegios.

En otro, consideran que la administración educativa debe tratar de evitar la situación, pero es algo que choca con la libertad de la familia para matricular a sus pequeños donde quieran. Y, ambos, hablan de la introducción de programas que, con esfuerzo y dedicación, han conseguido elevar las notas de sus estudiantes e implicar a sus familias en un proyecto educativo que rompe moldes.

En las Cortes de Aragón, el asunto no es nuevo y se aborda con regularidad en la comisión de Educación. Una moción de Podemos en este sentido, instando al Gobierno de Aragón a un reparto menos desigual en las aulas de la Comunidad, se aprobó a principios de este año por unanimidad.

La portavoz educativa de la formación morada, Erika Sanz, cree que la DGA "tendría que hacer un estudio real de la situación y actualizado, porque en una misma calle hay un colegio donde hay un 40% de beneficiados por becas de comedor y otro, un 11%". Tanto la diputada como la DGA están de acuerdo en que tener una beca no significa necesariamente una necesidad de atención específica en lo educativo, aunque muestra una diferente realidad entre distintas zonas que puede dar lugar a conflictos o menores rendimientos.

Según Sanz, hay centros concertados que matriculan a menos alumnados de este tipo, como también denuncia la CGT, aunque admite que no son todos y que hay excepciones. Pero ¿qué hacer ahora? Desde Podemos piden hablar con otras administraciones (ayuntamientos, servicios sociales…) y cruzar todos los datos, ya que "los niños que necesitan una ayuda por su vulnerabilidad no aparecen de la nada".

El partido también explica que no es una situación exclusiva de Zaragoza, sino que se da en las tres capitales e, incluso, en municipios más pequeños con más de un colegio. "Es un tema urgente y hay que poner medidas. Estamos por la cohesión y la inclusión, y eso debe hacerse en la pública y en la concertada", concluye la diputada.