El Gobierno de Aragón ha inspeccionado desde el pasado mes de abril 298 casos de arrendamiento de viviendas y de alquileres que se han formalizado con ayudas públicas. Según los datos facilitados por el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Ejecutivo autonómico, de ese total, 252 controles se llevaron a cabo para garantizar que los contratos de alquiler y las fianzas de arrendamiento se hicieron de acuerdo con la norma vigente. Asimismo, se revisaron 46 casos de alquileres que se habían formalizado con ayuda financiera pública (en estas inspecciones se puso el énfasis en verificar el pago de la renta del alquiler y la ocupación efectiva del inmueble por parte del beneficiario, durante el periodo para el que fue concedida la subvención).

Estas actuaciones ponen de manifiesto un cambio de tendencia en la labor inspectora de la Administración, que se explicaría –según fuentes del sector consultadas por este periódico– por la profunda transformación que ha sufrido en los últimos años el mercado inmobiliario, en general, y el de VPO en particular.

Hay que recordar que el último plan de vivienda protegida 2013-2016 ha cambiado las líneas de ayudas públicas, focalizando la mayor parte de las mismas hacia el fomento del alquiler social, el arrendamiento de vivienda protegida y la rehabilitación, y prácticamente han desaparecido las ayudas directas a la compra de VPO (tanto las subvenciones a fondo perdido como la subsidiación de intereses de los préstamos hipotecarios).Cambio de contexto

A lo que hay que sumar el hundimiento del mercado inmobiliario. El batacazo sufrido por el sector a partir de 2008-2009 ha hecho que el precio de la vivienda libre se aproxime tanto a la de VPO que esta última tipología ha dejado de ser interesante para muchos compradores.

Todas estas circunstancias han cambiado el contexto: ni la realidad social ni la económica tienen nada que ver con la de años anteriores. De ahí que el Plan de Inspección de Vivienda para 2016, que el Gobierno de Aragón puso en marcha el 1 de abril (y que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año), haya primado el control de los alquileres subvencionados y los contratos y fianzas de los arrendamientos de vivienda (por ser los sectores a los que se destina ahora financiación pública) sobre otras actuaciones que tenían un mayor protagonismo hace años. Así, destaca que en estos siete meses (de abril a octubre) solo se hayan llevado a cabo 25 inspecciones para determinar si la vivienda protegida en propiedad estaba ocupada o vacía y otras 31 para controlar que la VPO no se haya transmitido, alquilado o cedido de manera irregular.

En 2014 se llevaron a cabo 317 inspecciones para controlar la ocupación real de las viviendas protegidas de la Comunidad. Aunque finalmente, y tras serle requerida la información a los propietarios inspeccionados, aquel año solo fueron sancionados seis ciudadanos. De los controles llevados a cabo en 2014, la gran mayoría se hicieron de oficio y solo diez obedecieron a una denuncia por parte de algún particular.Satisfacción de Vivienda

En cuanto a la campaña actual, la directora general de Vivienda y Rehabilitación, Mayte Andreu, apuntó que se trataba de "un primer paso" y se mostró "satisfecha por el impulso de este plan, ya que es la primera vez –dijo– que la Administración lleva a cabo inspecciones aleatorias y ejerce un mayor control en el tema de la vivienda social". Calificó el resultado de "balance positivo".

Hay que recordar que este Plan de Inspección se diseñó con el objetivo de cumplir con mayor eficacia la ley que regula la VPO, investigar y vigilar el cumplimiento de la normativa sobre las políticas públicas de suelo y vivienda. El plan preveía que durante los nueve meses en los que estará vigente el programa se realizaran casi 400 inspecciones.