La exempleada del Arzobispado de Zaragoza niega haberse apropiado de fondos
Esta mujer ejercía de notaria del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia nº 1 de Zaragoza.
La mujer que ejercía de notaria del Tribunal Interdiocesano de Primera Instancia nº 1 de Zaragoza ha asegurado que en ningún momento cometió actos irregulares ni se apropió de las tasas que percibía el órgano judicial por pruebas periciales en los procesos de separación eclesiástica de parejas.
En un escrito remitido, esta mujer asegura que en todas sus actuaciones en los procesos de nulidad eclesiástica actuó conforme a la normativa publicada en el Boletín Eclesiástico Oficial y las instrucciones recibidas por parte del responsable del tribunal.
Señala, además, que el Juzgado de Instrucción nº 12, que instruye la denuncia del arzobispado, no admitió finalmente a trámite una parte del procedimiento referido a las presuntas injurias y calumnias denunciadas desde la institución eclesiástica zaragozana. En su escrito, la extrabajadora del tribunal eclesiástico destaca, por otra parte, que su despido fue declarado improcedente en la jurisdicción de lo social.
Las tasas aludidas en la denuncia corresponden a la prueba pericial psicológica exigida por los tribunal eclesiástico antes de tomar su decisión, llevada a cabo en Zaragoza por un monje de la orden claretiana. Fuentes judiciales consultadas por Efe han asegurado que este monje decidió no cobrarlas a partir de 2015 siguiendo una instrucción del Papa a tal efecto.
El propio exresponsable del Tribunal Interdiocesano nº 1 de Zaragoza, destituido posteriormente, manifestó en la causa seguida contra la exempleada que el dinero de las tasas se quedaba a disposición del juzgado para el pago de algunos de los gastos de funcionamiento.
Las fuentes citadas han explicado que el extitular de este tribunal eclesiástico era quien ordenaba a la denunciada la extracción de dinero, mediante talones librados contra la cuenta del órgano judicial.
Otras fuentes relacionadas con el caso relacionan la denuncia, el despido de la exempleada y la destitución del extitular del tribunal eclesiástico con la separación de Manuel Ureña del cargo de arzobispo de Zaragoza y el envío por parte de estas personas y de un sacerdote y profesor de informes negativos respecto a la gestión de la institución eclesial aragonesa.
