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Aragón

Más auditorías energéticas a empresas aragonesas antes de mitad de noviembre

El objetivo de esta medid es impulsar actuaciones encaminadas al ahorro y la eficiencia energética.

Efe. Zaragoza Actualizada 18/09/2016 a las 11:56

Parte del tejido empresarial aragonés está obligado a someterse a una auditoría energética antes del 13 de noviembre en cumplimiento del real decreto que persigue impulsar actuaciones dentro de los procesos de consumo energético que puedan contribuir al ahorro y eficiencia de la energía primaria consumida.

Este decreto transpone una directiva del Parlamento Europeo que establece un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética a fin de asegurar la consecución del, según ha informado el Gobierno de Aragón.objetivo principal de alcanzar un 20% de ahorro para 2020

Se trata, además, de garantizar un impulso significativo hacia la mejora de la eficiencia energética de los procesos productivos y del sector servicios en España ya que, entre otros aspectos, va a contribuir de manera decisiva a profesionalizar el sector de las auditorías y de los proveedores de servicios energéticos.

El real decreto establece con carácter obligatorio y de forma periódica la realización de una auditoría energética en aquellas empresas que no sean microempresas, pequeñas y medianas empresas.

Dicha auditoría debe dar como resultado un conocimiento sobre el perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalación u operación industrial o comercial, o de un servicio privado o público, así como para cuantificar las posibilidades de ahorro de energía a un coste eficiente.

Las auditorías deben llevarse a cabo, como fecha límite, antes del 13 de noviembre, y el plazo máximo para su comunicación es el 13 de febrero de 2017.

Sin embargo, no deben cumplirse más de tres meses desde la realización de la auditoría hasta su comunicación ante el órgano competente.

El real decreto ofrece como alternativa a justificar la obligación de realizar cada cuatro años una auditoría energética la posibilidad de aplicar un sistema de gestión energética o ambiental, certificado por un organismo independiente con arreglo a las normas europeas o internacionales correspondientes, siempre que el sistema de gestión de que se trate incluya una auditoría energética realizada conforme a las directrices mínimas establecidas en el mismo.

Por lo que respecta a la norma, no solo define la figura del auditor energético y el servicio energético sino que, además, regula el sistema de acreditación para proveedores de servicios energéticos y auditores.
Por otra parte, la norma también pretende impulsar la eficiencia energética con el uso de la cogeneración de alta eficiencia y de los sistemas de calefacción y refrigeración eficientes.

En Aragón el órgano competente es la Dirección General de Energía y Minas del Departamento de Economía, Industria y Empleo, que hasta ahora ha gestionado 37 auditorías energéticas que corresponden a 23 empresas.

Por otro lado, también se han gestionado 10 declaraciones responsables relativas al cumplimiento de los requisitos para el ejercicio de la actividad profesional de Proveedores de Servicios Energéticos.

Se estima que en el conjunto del país la norma podría afectar a casi 3.800 empresas con más de 23.000 instalaciones.

Tras la publicación del real decreto, el Ministerio de Industria acordó con las comunidades autónomas constituir un grupo de trabajo para garantizar su correcta aplicación y de una manera lo más coordinada posible en todo el territorio nacional.

Aunque el documento resultante de ese grupo de trabajo no ha sido publicado todavía, Aragón está dando respuesta a las dudas planteadas por los distintos agentes implicados en el desarrollo de la norma.

Para el Gobierno de Aragón, la eficiencia energética ahora potenciada con este real decreto es mucho más que una exigencia europea, es una "excelente oportunidad" para reducir los costes energéticos, aumentando la competitividad y mejorando el confort de los comercios y servicios, para la generación de puestos de trabajo.

Además, permitirá cumplir las exigencias de eficiencia energética derivadas de las directivas europeas y los compromisos de ahorro de energía y reducción de la emisiones en el sector de la edificación para 2020 y 2030.







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