El Consejo de Gobierno ha aprobado en su reunión de este martes por la  mañana 150 convenios con ayuntamientos y comarcas aragoneses para financiar 190 escuelas infantiles a las que asistirán más de 5.500 menores. Estos convenios suponen una inversión del Gobierno de Aragón de unos 9 millones de euros, 380.000 euros más que el anterior ejercicio y la reapertura de 4 escuelas que permanecían cerradas: Berge, Ojos Negros, Valdealgorfa y Torrecilla de Alcañiz, todas ellas de Teruel. En total, abrirán 521 unidades, 16 más que el pasado curso.

También en el área de Educación, el Consejo de Gobierno ha aprobado el gasto plurianual destinado a la licitación, prórroga y revisión de precios de contratos y reserva de plazas para prestar rutas de transporte escolar en las tres provincias aragonesas. El montante global asciende a más de 36,5 millones de euros, de los que 24,3 son para la provincia de Zaragoza; 7,1 para la provincia de Huesca y 5,4 millones de euros para la provincia de Teruel.

Convenios de Administración Local

En materia de Administración Local, el Gobierno de Aragón aprobó sendos convenios con la Mancomunidad Central de Zaragoza con una aportación de 556.559 euros, y un segundo con el Ayuntamiento de Teruel, cuya aportación por parte del Ejecutivo aragonés es de 305.000 euros. En ambos casos estos importantes van destinados a la mejora de equipamientos e infraestructuras públicas municipales.

Ley de Acción Voluntaria

Además, el Consejo de Gobierno ha tomado conocimiento del Anteproyecto de Ley de Acción Voluntaria de Aragón, que pretende dar pie a una auténtica política de voluntariado con una visión global, integral y transversal.

Este texto, que próximamente será presentado a los sectores implicados en el mundo del voluntariado para que presenten sus aportaciones, tiene como objetivo regular, promover y fomentar la acción voluntaria así como ordenar las relaciones que pueden establecerse entre las personas voluntarias, las entidades, sus destinatarios y las administraciones públicas de Aragón.

El Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales pretende, con esta norma, adaptar la normativa a la nueva sociedad que reclama un papel más activo en la atención a las necesidades y la solución de problemas que afectan a su entorno.

Según detalla la DGA en una nota, el texto del que este martes ha tomado conocimiento el Consejo de Gobierno facilita y ordena las nuevas formas de acción voluntaria y los diversos ámbitos de actuación, más allá de los meramente asistenciales (ambiental, cultural, deportivo, comunitario…). Asimismo, favorece la promoción del voluntariado desde nuevos ámbitos como las empresas, universidades o las administraciones públicas.