Zaragoza Alta Velocidad alarga 5 años el pago de su deuda y se ahorra 3 millones en intereses

El Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza se han quitado un problema económico de encima con la refinanciación de Zaragoza Alta Velocidad, la sociedad pública más endeudada de Aragón. El calendario de pagos les obligaba a afrontar unas sumas millonarias de amortización hasta 2019 que condicionaban sus presupuestos, pero han cerrado un principio de acuerdo con los bancos que alargará su devolución hasta 2025 y les permitirá ahorrarse cerca de tres millones en intereses. Ambas instituciones tendrán que pagar unos 166 millones, cantidad que verán reducida si se logra vender alguna de las parcelas ferroviarias del barrio del AVE.

Las pérdidas acumuladas por Zaragoza Alta Velocidad al cierre del pasado ejercicio han obligado a la enésima operación de saneamiento del sector público empresarial, ya que se encuentra en causa de disolución: el patrimonio neto negativo alcanza los 269 millones de euros, que no puede compensarse con los préstamos participativos de los socios. Para salvar la situación, el principal responsable de ZAV, el Ministerio de Fomento, con el 50% de las acciones, ha decidido amortizar de golpe su parte de la deuda, reduciéndola así de 260 a 166 millones de euros.

Las once entidades financieras que sostienen a la sociedad, lideradas por el BBVA como banco agente, han accedido a dar oxígeno a las instituciones aragonesas tras meses de negociaciones, en los que se han sucedido 25 reuniones en Madrid y más de 250 intercambios de documentación y correos electrónicos, según explicaron ayer fuentes implicadas en las conversaciones. Salvo sorpresas, la refinanciación se formalizará en los próximos días.

El beneficio será directo para las instituciones, ya que el próximo año la DGA debía pagar 17,5 millones a los bancos y la cifra se reducirá a unos 10 millones al diluirse la devolución de la deuda en cinco años más. Para hacerse una idea, el Ayuntamiento tendría que afrontar el pago de algo más de 100 millones de 2016 a 2019 y ahora podrá postergar 43 millones hasta 2025. Solo este año debía abonar 18 millones y ahora tendrá que aportar menos de 13.

La segunda ventaja será el ahorro de intereses, ya que se ha logrado rebajar el tipo aplicado del 5% al 3,5%. Según los primeros cálculos, las arcas públicas se liberarán del pago de unos tres millones.

Otro de los beneficios será la actualización del cuadro de garantías de las instituciones. Con la refinanciación de la deuda negociada en 2013, que entonces ascendía a 320 millones, las instituciones se comprometieron a amortizar 190 millones repartidos por anualidades hasta 2019, más un pago final (‘balloon’) de otros 130 millones si antes no se vendía el suelo. Como no estaba clara la posibilidad de enajenar las parcelas, los bancos requirieron a las administraciones la firma de cartas de compromiso (un tipo de aval conocido por su nombre en inglés, ‘comfort letter’). Y ahora como Fomento pagará de golpe 94 millones y se alargará cinco años el crédito, no hará falta ya diferir al final una parte de la amortización y, por tanto, las instituciones quedarán liberadas de presentar nuevos avales.

Las cartas de garantía computan como deuda, por lo que el Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA dispondrán de un pequeño margen adicional.