Las Cortes piden más agentes de la Guardia Civil para garantizar todas las pruebas deportivas

La polémica por la instrucción de la DGT que prohibía la celebración de más de una prueba deportiva o acto por día y provincia llegó el lunes a las Cortes.

La Comisión Institucional debatió las proposiciones no de ley presentadas por Podemos, PAR, Ciudadanos y Grupo Mixto, y finalmente se aprobó un texto conjunto para que el Ejecutivo autonómico pida al Gobierno central y a su delegado en Aragón, Gustavo Alcalde, que tomen "las medidas necesarias" para volver a permitir que coincidan varias actividades, aunque este punto no fue apoyado por el PP.

En lo que sí que coincidieron todos los grupos parlamentarios fue en reclamar al Estado que cubra las plazas vacantes de la Guardia Civil en Aragón, ya que la drástica medida adoptada por Tráfico a comienzos de mayo y con efecto inmediato tiene su origen en la falta de efectivos para atender el desarrollo de las pruebas, que se multiplican con la llegada del buen tiempo, y a su vez llevar a cabo su trabajo habitual. Por ello, también se solicitó por unanimidad el incremento de efectivos en la Comunidad "o al menos, su refuerzo en las épocas del año en las que más se necesitan".

Igualmente, en el texto se insta al Gobierno de Aragón a realizar gestiones para "lograr una mejora en la necesaria coordinación con todos los sectores implicados" en la organización y adecuar el proceso de tramitación de las solicitudes para la celebración de los diferentes eventos deportivos.

No a una policía autonómica

Además, el PAR planteaba que la DGA estudiara "la conveniencia de reivindicar la creación de la policía autonómica o la transferencia de la competencia en materia de tráfico para ser desarrollada por la Unidad de Policía Adscrita, con la consecuente dotación de medios". La aragonesista María Herrero defendió que era una reclamación "muy light" que consiguió el respaldo tanto de Podemos como del Grupo Mixto, pero se topó con la oposición del PP, el PSOE y C’s. Y eso que el primero en proponer la creación de un cuerpo policial autonómico como posible solución a la restricción impuesta por Tráfico fue el presidente de la Diputación de Huesca, el socialista Miguel Gracia, que ayer no tuvo apoyos en sus filas.

Tanto el portavoz del grupo del PSOE en la comisión, Florencio García Madrigal, como el del popular, Fernando Ledesma, consideraron que este era un debate "extemporáneo". "No es el momento de abrir ese melón", opinó Ledesma, que achacó la polémica limitación al "efecto multiplicador de las pruebas y los participantes". No obstante, tuvo que reconocer que la DGT "no ha sido oportuna" al aplicar la medida "ya y no para la próxima temporada". Se mostró dispuesto a "buscar una solución" con todas las partes implicadas "para que todas las pruebas se celebren con garantías y seguridad". "El problema no solo está en el número de efectivos", señaló, si bien admitió que la plantilla sería "escasa" incluso si se multiplicara por 1,5, como exigió el PSOE.

Para García Madrigal, la decisión unilateral de Tráfico "ha hecho que nos rebanen la mitad de los eventos programados sin previo aviso, y esto no se puede hacer". "No solo no admitimos el recorte –dijo– sino que pedimos más recursos". Y advirtió de que la medida "también pone cortapisas a la capacidad de protesta", por ejemplo, cuando se organizan tractoradas.

Carlos Gamarra, de Podemos, destacó el "quebranto económico" que estas limitaciones suponen para el medio rural y para el sector turístico, y calificó de "insuficientes" las matizaciones que Tráfico hizo la semana pasada a la instrucción inicial.

María Herrero lamentó que no saliera adelante el punto referido a la policía autonómica, que iba "en sintonía con lo que dice el Estatuto", y Ramiro Domínguez (C’S) insistió en la falta de agentes en el medio rural, que amenaza pruebas "emblemáticas". Para Carmen Martínez (CHA), esta situación se debe a decisiones "tomadas en un despacho de Madrid, donde se desconoce el territorio".