Aragón vuelve a mirar a sus bosques tras años de abandono, pero solo aprovecha un 17% de su potencial

Los bosques aragoneses cada vez generan más dinero a la DGA y los ayuntamientos. La puesta en marcha de numerosos cotos micológicos en los últimos años, la incipiente aparición de plantas de biomasa en Aragón y en definitiva, volver a mirar al bosque como una posible fuente de ingresos tras años de abandono, harán que este 2016 se recauden en torno a 9,4 millones de euros fruto de los distintos aprovechamientos forestales. Una cifra que no deja crecer año tras año (en 2015 fueron 8,5 los millones generados) pero que siguen muy lejos del potencial que Aragón, con un tercio de su superficie cubierta por bosques, unos 1,5 millones de hectáreas aproximadamente, puede generar.

Sobre todo, porque el principal recurso de los bosques, que no es otro que la madera, sigue estando infrautilizado, según señalan varios de los sectores implicados. En total, según los cálculos que maneja el área de Gestión Forestal, las masas arbóreas de Aragón generan cada año cerca de 2 millones de toneladas de materia seca, de las que hasta un tope de 600.000 toneladas podrían ser aprovechadas en el mercado cada temporada manteniendo siempre el umbral de la sostenibilidad.

Sin embargo, y pese a que la introducción de la biomasa prometió hace unos años dinamizar este mercado, los datos muestran que apenas se ha avanzado en este sentido. Según los informes proporcionados por la DGA, el año pasado se sacaron a subasta mediante lotes de madera 189.606 toneladas de las que solo se consiguieron colocar 101.695, menos incluso que en 2014, y que en cifras redondas suponen tan solo un 17% del límite que se podía vender.

Eso en lo que respecta a los montes de utilidad pública o consorciados, gestionados por de una forma u otra por la DGA y que suponen aproximadamente un 60% del total, porque si de lo que se habla es de los bosques privados, el aprovechamiento se reduce a “apenas un 1%”, según explica Pilar Ruiz de Austri, presidenta de Asociación Forestal Aragonesa, que aglutina a los propietarios privados y a varios Ayuntamientos de la Comunidad.

“En Aragón venimos de un periodo de más de veinte años en lo que los bosques se han abandonado. En buena parte por la despoblación, y en otra porque se asentó la creencia de que un bosque sano era un bosque que se dejaba sin intervención humana. Y eso no se levanta fácilmente”, señala. El resultado es que actualmente en Aragón solo sobreviven cuatro aserraderos de pequeño tamaño, la industria principal por la que tiene que pasar cualquier madera que se quiera procesar.

Bosques certificados, nuevas posibilidades

De Austri es la responsable también de PECF en España, una organización sin ánimo de lucro de ámbito mundial que certifica los bosques para una gestión forestal sostenible. Una marca que tiene como intención potenciar el uso de las masas forestales de forma responsable y que habilite nuevos mercados que dar a la madera y todo lo que la rodea.

En total PECF España ha certificado en el país cerca de dos millones de hectáreas y 1.000 empresas sostenibles, de las que apenas 60.000 hectáreas y 35 iniciativas se encuentran en Aragón. Ahora la DGA trabaja para extender este sello a otros bosques públicos, como el de Mosqueruela, en Teruel, pero De Austri señala que en Aragón, de Ejecutivo en Ejecutivo, siempre se ha ido históricamente por detrás en la gestión de los bosques.

“Navarra, por ejemplo, o el País Vasco, son ejemplos de que se puede tener un bosque cuidado y del que se pueden extraer réditos económicos. Un bosque que es aprovechado también económicamente es un bosque que por simple lógica se cuida más y en el que se ahorra gastos en la limpieza forestal para prevenir incendios”, explica.

La biomasa, la alternativa que no acaba de arrancar

La creación de puestos de empleo en torno a los recursos de los bosques fue otro de los motivos que desde hace unos cuatro años ha puesto a la biomasa en el foco de muchas miradas. Esta forma de producir energía -tanto calorífica como eléctrica- a partir de madera y otros recursos vegetales, levantó muchas expectativas, sin embargo a día de hoy la mayoría de proyectos siguen sin tocar tierra.

Francisco Javier de Miguel es el presidente del Clúster de la Biomasa de Aragón, un conglomerado de empresas que ha intentado impulsar distintas iniciativas de biomasa en pueblos, pudiendo dar salida a algunas de ellas, pero quedando en compás de espera otras tantas. También pone a Navarra como referente por haber creado un documento tipo sobre la biomasa cuando en Aragón la burocracia es mucho más compleja a su juicio.

“En Aragón las trabas burocráticas son inmensas. Nosotros llevamos años intentando impulsar proyectos de pequeñas plantas que además podrían dar trabajo en el medio rural, pero si acudes a los Ayuntamientos son pueblos tan pequeños que no tienen capacidad para gestionar los permisos por sí mismos, acuden a la DGA, y ahí se queda estancado el proyecto, pese a que tengamos ya financiación detrás”, explica De Miguel, que pone como ejemplo que la planta de Ansó, una de las primeras en ponerse en marcha en Aragón en 2013, pasó 7 años de trámites, y que otro proyecto de aprovechamiento de viñedos en Cariñena, sigue en 'stand by' desde 2013.

A ello se suma un mercado de la madera “tensionado” según explica. “Cuando salen lotes al mercado por subasta su precio sube mucho o cuando hay necesidad, pero en otros momentos está realmente a la baja, todo ello porque no hay una gestión planificada”, opina.

La misma empresa que proyecta la planta en Monzón tiene proyectadas otras dos más

Pese a esto, las iniciativas en torno a la biomasa no dejan de estar de actualidad, aunque pocas veces por su funcionamiento. En Monzón la polémica se ha instalado en los últimos meses debido al proyecto de una planta de este tipo que por su cercanía al caso urbano -a apenas 600 metros- ha sido vista por varios colectivos como una posible fuente de contaminación.

El proceso se enrareció aún más después de que el Inaga, que ya había dado el visto bueno a la instalación, abriera una revisión de oficio tras varias reclamaciones de los ecologistas, que han interpuesto una querella por supuestas irregularidades después de que el servicio de Cambio Climático de la DGA detectara errores en el estudio de contaminantes.

La empresa que impulsa esta planta, Forestalia, que ganó para sorpresa del sector la última subasta de renovables emitida por el Ministerio de Industria, defiende la sostenibilidad de la planta, poniendo como ejemplo otras que a lo largo de Europa se han instalado también en las cercanías de los cascos urbanos de Berlín o Estocolmo.

Además, la misma empresa promueve desde hace un tiempo otra planta que contaría con central de energía eléctrica y fábrica de pellets en Erla, que sería una de las más grandes de España, y otro proyecto de dimensiones similares al de Monzón en Zuera.