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Energía

La pequeña fotovoltaica aragonesa no registra ninguna instalación para cumplir el RD de autoconsumo

Solo dos instalaciones grandes en Huesca se han registrado, pero ninguna perteneciente a pymes y hogares. El sector habla de “caos” y de una normativa con los días contados.

Víctor Millán. Zaragoza Actualizada 13/04/2016 a las 08:48
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Sistema de autoconsumo en Walqa

El comentado y criticado Real Decreto de autoconsumo comienza a tocar terreno, aunque el sector fotovoltaico a nivel nacional, y de forma especial en Aragón, haya pasado de largo por el primero de sus condicionantes.

La norma aprobada por el Ministerio que dirige José Manuel Soria daba un plazo de seis meses para que las instalaciones de autoconsumo conectadas a red -las aisladas, comunes en granjas o unifamiliares sin acceso a red quedaban exentas- se inscribieran en un nuevo registro con el fin de diseccionar quién iba a pagar los peajes del llamado 'impuesto al sol' y quien no.

Sin embargo, el plazo para la inscripción finalizó el pasado día 10 de abril sin que ninguna instalación aragonesa de pequeñas dimensiones cumplieran con la norma de Industria. Apenas dos sistemas fotovoltaicos de gran potencia ubicados en Huesca aparecen en el nuevo registro del Ministerio, pero ni uno solo inferior a 100 kilovatios de potencia contratada, las más comunes y que Industria regula de forma distinta sin que puedan cobrar la energía que aporten a la red en caso de generar excedentes. En estos casos se incluyen también edificios públicos, como colegios o bloques de pisos gestionados por Zaragoza Vivienda, que tampoco se han registrado al menos hasta ahora y que sobre el papel están infringiendo la norma.

El 'portazo' de las empresas y usuarios de autoconsumo de la Comunidad al nuevo registro no se ha dado solo en Aragón, en España apenas una veintena de pequeñas instalaciones fotovoltaicas asociadas a pymes o a particulares se ha inscrito, solo un 15% de toda la potencia instalada según los cálculos de UNEF, la patronal fotovoltaica, teniendo en cuenta que se han registrado las más grandes. Y eso que en un principio se habló de sanciones importantes que ahora el sector ve más como una “amenaza” para frenar el crecimiento del autoconsumo que como un peligro al que pudieran enfrentarse, en parte también porque varias empresas y expertos consultados dan por hecho que va a haber permisividad ante la poca aceptación de la nueva regulación.

“El Real Decreto de autoconsumo ha sido un despropósito continuo y como tal nos lo hemos tomado todos. La normativa es poco clara, acarrea costes no solo por los peajes sino también por las adaptaciones, y parece claro que la gran mayoría de las empresas en bloque nos hemos negado a aceptarlo, más que nada porque no sabemos qué vigencia tendrá”, explica Manuel Benedí, socio de la pyme aragonesa AMB Greenpower, especializada en sistemas fotovoltaicos.

Y razones no le faltan. Todos los grupos del Congreso a excepción del PP firmaron un compromiso para retirar la nueva regulación de autoconsumo aprobada en los meses finales de 2015. Desde Aragón además la DGA también interpuso un recurso a la normativa el pasado mes de diciembre al entender que iba contra los intereses de la Comunidad.

El problema para el sector ha sido que la ausencia de un Gobierno ha impedido cualquier aclaración al respecto, también por parte del Ejecutivo en funciones, a quien el sector pidió una ampliación del plazo para registrarse hasta finales de 2016 que tampoco exploró respondiendo que estaba en funciones.

Ante esto, el panorama sigue siendo el mismo para las empresas fotovoltaicas de la Comunidad. “Las nuevas regulaciones han frenado mucho la actividad en España. La gente tiene muchas dudas a la hora de hacer inversiones y hay empresas pequeñas y grandes que lo están pasando realmente mal, y los que nos mantenemos es porque hemos buscado salidas en el extranjero”, señala Manuel Burrel, ingeniero industrial de Solingenia, otra empresa oscense que desde hace dos años, cuando comenzó a hablarse de los rumores de nuevos peajes al autoconsumo, ha empezado a trabajar en proyectos en Nicaragua, Costa Rica o Guatemala. “Lo lógico sería que pudiéramos trabajar mejor en España que alguno de estos países, pero la pena es que allí tienen regulaciones más adaptadas a lo que se estila ahora en Europa que aquí”, explica.

“Nosotros en los últimos años ya hemos trabajando intentando preveer los posibles cambios que podían llegar, pero está claro que sin una seguridad jurídica es muy difícil que cualquier negocio alcance todo su desarrollo posible”, comenta también Alejandro del Amo, director técnico de Endef, empresa que ha trabajado para GM, instalando sistemas fotovoltaicos en institutos y en varias promociones de Zaragoza y que desarrolla un sistema híbrido de placas que permite la producción simultánea de agua caliente y electricidad.

Un “caos” legal con normas difíciles de interpretar


La actual regulación en vigor deja a un lado el balance neto, sistema que consiste en que cuando una instalación particular genera más energía de la que consume la cede a la red; y toma de esta un equivalente a lo cedido durante el día cuando la instalación no produce (por la noche por ejemplo) sin coste alguno y además, según denuncian desde UNEF "está cargada de incongruencias y de normas transitorias que impiden el desarrollo" de esta energía.

Manuel Balet es el delegado de UNEF en Aragón y fundador de Enerland Group, otra empresa aragonesa que ha conseguido afianzarse en países como México, Costa Rica, Brasil o Italia. "Duele ver que estemos generando más empleo fuera de España que en nuestro país por culpa de no tener una regulación adecuada, que no pedimos que sea favorable o con primas, sino que simplemente sea semejante a la que se está dando el resto del Mundo", explica, haciendo también hincapié en que España ha pasado de ser el prototipo de la fotovoltaica para el resto de estados a perder esa posición.

Entre las normas transitorias que hacen que esta normativa, “además de mala, no deje nada en claro”, Balet recuerda que la exención con la que cuentan las instalaciones de menos de 10 kilovatios a la hora de pagar peajes también está condicionada, es decir, que se deja la puerta abierta a que en algún momento las paguen, o que para dar de alta en el registro, se deba instalar un contador más -con el coste que supone para el cliente- aunque no aporte más información.

“Nosotros seguimos siendo optimistas y pensamos que las cosas caerán por su propio peso y al final se regulará de forma más acorde con Europa, pero de momento el daño de estos últimos años ha sido importante”, explica el delegado de la UNEF, organización que en su último informe citaba que en todo el Mundo la energía fotovoltaica creció en torno a un 30% durante el año pasado, mientras en España está paralizada.







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