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Aragón

​Casi 40 funcionarios de prisiones sufrieron agresiones en 2015

Las situaciones de violencia en instituciones penitenciarias motivaron las bajas laborales de siete trabajadores, según CSI-F.

P. P. G. Zaragoza 11/04/2016 a las 06:00
Interior del centro penitenciario de Zuera.Heraldo

La masificación penitenciaria en Aragón, sumada a la falta de personal que denuncian desde las instituciones penitenciarias, acarrea una serie de consecuencias secundarias que preocupa a los sindicatos mayoritarios entre los funcionarios de prisiones.

Según las informaciones recopiladas por los delegados del CSI-F en Aragón, en 2015 se produjeron 26 agresiones a trabajadores en las prisiones de la Comunidad; cinco de ellas de carácter grave y 21 de carácter leve.

Estas agresiones detectadas afectaron a un total de 39 funcionarios de prisiones y motivaron las bajas laborales de siete trabajadores en la Comunidad.

Desde el sindicato denuncian que a lo largo de 2015 se produjeron, al menos, 140 agresiones en instituciones penitenciarias de toda España y destacan que se trata de uno de los índices "más altos de agresiones" a empleados públicos de toda la Administración General del Estado.
 

Protocolo de prevención

"En el medio penitenciario no se dispone de ningún procedimiento de actuación que atienda la violencia desde el prisma de la prevención, que es desde donde tenemos que abordar esta lacra", critican desde la delegación nacional del CSI-F. A esta situación se suman, recuerdan, las dificultades a las que se enfrentan los funcionarios en su tarea diaria por la falta de personal, la excesiva ratio de internos por módulo y la ausencia de ofertas públicas de empleo.


Por eso desde el CSI-F reclaman la inclusión de los funcionarios de prisiones en el Protocolo de Prevención de Agresiones que se está negociando para el conjunto de las administraciones públicas y, de hecho, el sindicato ha presentado una reclamación en este sentido ante la Defensora del Pueblo.


"Con el protocolo se pretenden identificar las posibles conductas antisociales, así como implantar una metodología para el análisis, el registro y el seguimiento de los casos de violencia que permita elaborar un diagnóstico de la situación y aportar medidas de actuación", explican.

Entre otras variables este protocolo permitiría actuar ante la sobreocupación penitenciaria, un factor que, según su experiencia, propicia el incremento de la violencia. "Se estima que aquellos centros con una población reclusa de entre el 130 y el 140% de ocupación experimentan un incremento de situaciones de violencia", aseguran. En Aragón el nivel de masificación de las cárceles alcanza el 168%, según denuncia la Agrupación de los Cuerpos de Administración de Instituciones Penitenciaras de Aragón (ACAIP).

Este protocolo también intentaría atajar los problemas de falta de personal, el envejecimiento de la plantilla, la carencia de personal de psiquiatría y la falta de formación específica ante determinados perfiles de presos.
 







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