La DGA registró el año pasado 17 denuncias por agresiones a personal médico

Los presidentes de los colegios de Médicos y Enfermería de Zaragoza piden colaboración institucional, que se denuncie y exista tolerancia cero contra las agresiones al personal sanitario.

También piden que aumenten las plantillas y que se amplíe la consideración de autoridad a los profesionales del ámbito privado.

Estas son las principales reclamaciones hechas este miércoles, Día Nacional Contra las Agresiones a Sanitarios, por los responsables de estos colegios, quienes han señalado que la mayor parte de las agresiones se producen sobre mujeres si bien el perfil del agresor es más difícil de definir dado que pueden ser pacientes, en el ámbito de la atención primaria, pero también familiares, sobre todo en el caso de hospitalizaciones, y también varían las edades.

La presidenta del Colegio de Médicos de Zaragoza, Concepción Ferrer, ha resaltado la necesidad de que el Salud recoja las agresiones que se producen en Aragón y se pongan en contacto con las organizaciones colegiales para evitar diferencias de datos como la de 2015, año en el que el Colegio registró dos agresiones a dos doctoras de entre 36 y 45 años en Atención Primaria y un hospital, mientras que el Gobierno aragonés contabilizó 17 a facultativos de la provincia.

En este sentido, Ferrer ha reclamado la existencia de un registro único que incluya toda la información y ha apuntado que el Colegio de Médicos ha creado la sección web "Stop agresiones" en la que los colegiados tienen recomendaciones y un documento en el que pueden hacer la denuncia y que permitirá valorar las circunstancias que motivan estos problemas.

Ha instado además a los profesionales sanitarios a denunciar estos hechos, aunque ha reconocido que tienen "miedo" derivado tanto de la agresión como de la sensación de que han cometido un fallo, para que los colegios puedan actuar.

Por su parte, el presidente del Colegio de Enfermería de Zaragoza, Juan José Porcar, ha hecho un llamamiento a la necesidad de concienciarse de que es necesario tener tolerancia cero con estos comportamientos y establecer líneas rojas dado que se tiende a no dar importancia a las agresiones verbales.

Asimismo, ha reclamado más plantillas ya que muchas de las agresiones se producen en el marco de servicios de gran conflictividad por la saturación que sufren, especialmente en urgencias y atención primaria.

En este sentido, Ferrer ha insistido en la importancia de "educar y concienciar" a la ciudadanía para que sepa hacer un uso adecuado del servicio de urgencias, que debe ser utilizado para un proceso puntual que debe tener un seguimiento en atención primaria, lo que posiblemente llevaría a que no se saturara.

Dentro de estas reivindicaciones, que también han realizado los asesores jurídicos de ambas instituciones, Carlos Lapeña y Juan Carlos Campo, respectivamente, destaca también la necesidad de que se amplíe al ámbito privado la consideración de los médicos y enfermeras como autoridad laboral, un reconocimiento recogido en el Código Penal que puede dar lugar a paradojas.

Así, Campo ha explicado que un mismo facultativo que puede ser agredido por la mañana en una consulta pública puede conllevar además un delito de atentado contra la autoridad mientras que por la tarde, en una consulta privada, esa misma agresión a esa misma persona puede quedar en un delito de lesiones.

El pasado año, se produjeron dos agresiones, que dieron lugar a sendas denuncias, a doctoras de 36 y 45 años en el ámbito público consistentes en insultos y amenazas y daños materiales en una de ellas, que ocasionaron lesiones psíquicas a las agredidas y que se debieron a discrepancias con la atención médica y el mal funcionamiento del centro, en un caso, y a que no se recetó lo propuesto por el paciente en el otro, según el Colegio de Médicos.

Sin embargo, el Servicio de Prevención de riesgos laborales del Departamento de Sanidad contabilizó 17 agresiones comunicadas.

Por su parte, en el Colegio de Enfermería se contabilizaron el pasado año 5 denuncias graves por agresiones, que han acabado tramitadas como delitos en el juzgado, según Campo.

Entre ellas, en septiembre una enfermera fue agredida en el Hospital Lozano Blesa y el próximo lunes, 21 de marzo, se juzgará al agresor de una enfermera del Centro de Salud de Casetas que se produjo también en esas fechas.

Además de las cinco denuncias graves, el pasado año se produjeron dos sentencias condenatorias por delitos de lesiones graves a enfermeras y otras dos por injurias.

Campo ha destacado la sentencia condenatoria de cuatro años de prisión por una agresión sexual grave en grado de tentativa a una enfermera en visita domiciliaria de 2010, así como los quince casos de agresiones e injurias leves a enfermeras con sentencias condenatorias contabilizadas entre 2005 y 2013.