Los tramos de carretera "especialmente peligrosos" no dejan de crecer en la red autonómica de Aragón, mientras se reducen los de la estatal. Así lo constatan los datos oficiales de la Dirección General de Tráfico (DGT), que evidencian la existencia de 44 sectores de riesgo repartidos por 40 vías dependientes de la DGA, cinco más que el pasado verano. Todos ellos suman 1.169 kilómetros, lo que supone un crecimiento superior al 16%. La DGT ha intensificado la vigilancia en la red secundaria con el objetivo de reducir la siniestralidad dado el índice de accidentes graves que registra y la velocidad media detectada.

Las carreteras autonómicas se extienden a lo largo de 5.674 kilómetros, lo que supone que los tramos peligrosos suman una quinta parte de la red en servicio. La provincia de Teruel es la más afectada (441 kilómetros), seguida por la Zaragoza (370) y la de Teruel (357).

La vía más peligrosa, con diferencia, para la Dirección General de Carreteras es la A-1512 que da servicio a los vecinos de Albarracín, ya que el tramo en el que se ha establecido un mayor control supera los 68 kilómetros. A la zaga se encuentra otro trazado al sur de Teruel, el de la A-1701, que supone un peligro a lo largo de 56 kilómetros. La tercera en la clasificación es la zaragozana A-1504, entre Calatayud y Cariñena, en la que Tráfico recomienda circular con especial precaución a lo largo de 48 kilómetros. La peor de la provincia oscense es la A-138, que comunica Barbastro con Aínsa, Bielsa y la frontera francesa. Hasta 45 kilómetros también están bajo la atenta vigilancia de Tráfico, según la última actualización, de principios de año.

A la cola de España

El Gobierno de Aragón no oculta el "muy deficiente" estado de conservación de las vías autonómicas, tal y como se reconoce en el Plan General de Carreteras de Aragón, hasta el punto de figurar a la cola de España. Y lo peor es que la situación está lejos de corregirse, puesto que el Ejecutivo PSOE-CHA ha recortado en más de un tercio las inversiones reales para este ejercicio, concretamente un 34,6%, lo que supondrá pasar de casi 50 a 32,6 millones de euros.

El presidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, aseguró nada asumir el cargo que no construiría "ni un kilómetro de carreteras " mientras hubiera familias en situación de exclusión. Y su consejero de Vertebración, el nacionalista José Luis Soro, lo ha cumplido a rajatabla porque en sus primeros presupuestos no ha incluido una sola obra nueva y ni siquiera llega a la necesaria de inversión anual en conservación: el vigente Plan General de Carreteras, 2013-2024, fija la cantidad en 34,6 millones, pero las partidas para este año solo suman 27,4. En este cálculo se tiene en cuenta los fondos específicos para conservación y los destinados para refuerzos de firme, además del gasto de personal de las brigadas.

En el citado documento oficial se reconoce que la situación es fruto de los recortes inversores de los sucesivos gobiernos y, con un carácter voluntarista, planificaba para este año una inversión de 45 millones solo para conservación. Además, plantea aumentarla hasta los 50 en 2021.

La realidad presupuestaria es muy distinta. PSOE y CHA han apostado por el gasto social y la inversión para la Dirección General de Movilidad y Transportes es una de las más damnificadas en el presupuesto. Su máximo responsable, José Gascón, admitió que han optado por continuar con las obras que heredó del anterior equipo y centrar los magros recursos disponibles en la conservación. "Somos conscientes de que el estado de la red no es el adecuado", dijo.Exigencia de las Cortes

Las Cortes de Aragón, a instancias del PAR, ha reclamado a la DGA que reinvierta todo el dinero que no se puede ejecutar en las actuaciones programadas a corregir los puntos negros existentes en la red autonómica. La diputada aragonesista Berta Zapater insistió en que la inversión en mantenimiento es la "mejor manera de prevenir accidentes". En este sentido, el director general de Movilidad explicó que ya ha dado instrucciones para valorar económicamente las actuaciones en los tramos de concentración de accidentes con el fin de poder actuar cuando se dispongan fondos gracias a las bajas económicas en los contratos licitados este año.