Los decanos de los Colegios de Abogados de Zaragoza, Huesca y Teruel han expresado en la Cortes de Aragón su inquietud por la situación de la asistencia de justicia gratuita que prestan, que en estos momentos, han remarcado, es de "alarma" por la falta de recursos.

Aunque se corrija con las modificaciones presupuestarias que se han introducido a través de dos Proposiciones no de Ley, han hecho hincapié sobre sus dudas por la reducción de miembros en la Comisión de Justicia Gratuita de cinco a cuatro, lo que deja en el representante de la administración la resolución en caso de empate.

El decano del Colegio de Zaragoza, Antonio Morán, junto al de Huesca, Ángel García, y el de Teruel, Manuel Gómez, han recalcado que la justicia gratuita es un derecho constitucional que el Gobierno de Aragón, por tener las competencias transferidas, es el que debe proteger y garantizar.

Morán ha valorado que los problemas a los que se enfrentan por la infradotación presupuestaria, que en un principio era de 2,4 millones de euros, es organizativa, burocrática y estructural, aunque esta última viene "desde las transferencias de 2008".

También ha pedido una regulación "eficaz y realista" para la prestación del turno de oficio y de la justicia gratuita, que como servicio publico "no debe descansar en los Colegios y en los abogados" para el buen fin de la prestación.

Otro aspecto que ha resaltado es el problema que se genera cuando un abogado "hace el trabajo" pero se deniega al asistido su derecho a justicia gratuita, que entonces "ni se paga ni es valorado".

Además ha apelado a que la justicia gratuita sea una prestación que se realice con medios y "no debe ser de caridad", ya que desde que se aprobó la Constitución es un derecho exigible.

Los diferentes grupos han coincidido en la necesidad de una buena dotación presupuestaria para la justicia gratuita y, al respecto, el portavoz socialista, Florencio García Madrigal, ha asegurado que no cree en un Estado de pobres.

La gratuidad está dentro del sistema de "justicia social" y desde el Gobierno se ha dado muestra de su compromiso y que con las propuestas no de ley aprobadas se ha restaurado "el vicio que había en la presupuestación" de este servicio.

Fernando Ledesma, del PP, quien ha recordado su condición de abogado en excedencia, ha apuntado que, en los asuntos de los que puedan ser excluidos, los ciudadanos deberían ser "conocidos por los servicios sociales y quizá deberían ser los que aportasen los informes".

Violeta Barba, de Podemos, ha afirmado que todos estuvieron de acuerdo en que había una infradotación en los presupuestos, aunque que no lograron un acuerdo sobre las cantidades, a la vez que ha incidido en que en determinados momentos denegar la justicia gratuita puede ser "legal, pero no es justa".

María Herrero, del PAR, ha apuntado que en esta cuestión hay dos colectivos afectados, los abogados y los usuarios que no podrían acceder a la justicia si no fuera gratuita.

Por ello, ha abogado porque el Gobierno debe hacer frente para "seguir garantizando" que se preste "en lo que coincidimos los grupos" que es un derecho constitucional.

Para el portavoz de Ciudadanos, Ramiro Domínguez, se trata de un problema grave al que tampoco se va a poder hacer frente "ni con 4,5 millones de euros, porque se sabe que ronda los 6 millones". "El problema es que es un presupuesto muy ajustado y hay que pasar de 2,7 a 6 millones, por lo que el Gobierno dirá cómo se va a hacer", ha añadido.

Carmen Martínez, del grupo mixto, ha insistido en que el problema de la justicia es estructural y que "no parte de éste o del anterior presupuesto" a la vez que ha reconocido que hay otros problemas que "este Parlamento no puede resolver por si solo".

También ha señalado que en la Comisión de Justicia Gratuita, en la que hay un representante de los abogados, otro de los procuradores y dos de la administración se va a tratar de que la presidencia sea rotatoria para que el voto de calidad no recaiga siempre en la misma parte.