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Delegado del Gobierno

Gustavo Alcalde lamenta las "infamias" de los partidos que han pedido su dimisión

Dice que no pretendía criminalizar a la víctima del crimen de Miralbueno y que siente "profundamente" si sus familiares y amigos se han podido molestar.

Europa Press. Zaragoza Actualizada 25/02/2016 a las 16:34
Gustavo Alcalde ve "infame" que se le acuse de criminalizar a la víctima

El delegado del Gobierno en Aragón, Gustavo Alcalde, ha lamentado y ha reprobado "contundentemente" el "ataque político" y las "infamias" que los cinco partidos que han pedido su dimisión --PSOE, Podemos, Ciudadanos, CHA e IU-- han vertido sobre su persona al "malinterpretar" sus declaraciones realizadas este lunes tras el asesinato de Soraya G.S. a manos de su expareja en Zaragoza.

Alcalde indicó, tras conocerse este suceso, que "lo lógico en estos casos es que si la víctima hubiese detectado en su momento que él podía venir a Zaragoza lo hubiera comunicado a la Policía para poner un mecanismo de protección y evitar ese acercamiento a menos de 500 metros".

En rueda de prensa, acompañado por las inspectoras de la Policía Nacional Clara Pérez, también jefa del servicio de atención a la mujer, y Yolanda Mateo, del grupo de mujer y menores, el delegado ha afirmado que "lo dije con la mejor fe del mundo, no pretendía criminalizar a la víctima".

En todo caso, ha remarcado que "lo siento profundamente" si sus familiares y amigos se han podido molestar por estas declaraciones, al tiempo que ha expresado de nuevo sus condolencias y las del Gobierno de España a los allegados de esta nueva víctima de la violencia de género.

No obstante, ha expresado su sorpresa porque, "cuando todos deberíamos lanzar un mensaje unitario contra la violencia de género, me encuentro con un ataque furibundo por una interpretación sacada de contexto" después de suceder este crimen.

Alcalde ha explicado que este miércoles no ha querido contestar a estos partidos porque "con la víctima de cuerpo presente no me parecía correcto participar de este ataque político coordinado en toda regla" y ha observado que estos grupos se han lanzado a pedir su dimisión sin saber siquiera si se ha producido algún fallo en el protocolo de protección que, según ha sostenido, "se ha cumplido a rajatabla".

Sacar rédito

Además, estos partidos "no han pedido explicaciones" al delegado, que "les hubiera dado gustosamente". "Pensaba que todos los demócratas" estaban luchando juntos "contra esta lacra social, pero algunos anteponen destruir al adversario" e intentan "sacar rédito", ha opinado.

"Que se me acuse de desprotección a la víctima y de trasladarle la responsabilidad o criminalizarla es, lo primero, una injusticia y, lo segundo, una infamia", ha recalcado, al afirmar que "quien me conoce sabe que sería incapaz de esa tropelía".

Sobre las palabras de la diputada de Podemos en las Cortes de Aragón, Amparo Bella, comparando las declaraciones de Alcalde con que se hubiera dicho que Miguel Ángel Blanco, asesinado por ETA, "tendría que haber mirado atrás para ver si le iban a raptar", el delegado del Gobierno ha lamentado que "me parece que hay que tocar fondo en cuanto a catadura moral para manchar la memoria de Miguel Ángel Blanco, sobre todo desde una formación que no tiene inconveniente en pactar con quienes jalean a sus asesinos".

"A rajatabla"

El delegado del Gobierno ha aseverado que en este caso el protocolo policial, regulado en el año 2008 y que se actualiza de forma constante, "se ha cumplido a rajatabla" y ha detallado que el 6 de febrero Soraya G.S. declaró en el juzgado tras encontrarse el día anterior a su agresor en su domicilio.

Tras su declaración, en la que no indicó que hubiera visto un arma ni hubiera sido agredida, sino que él había amenazado con suicidarse, se condenó a su expareja Rubén M.P. a entre 6 y 8 meses de cárcel por amenazar y coaccionar a la mujer, así como se le impuso una orden de alejamiento y se le prohibió comunicarse con ella.

Inicialmente no se apreció riesgo porque el hombre manifestó que se iba de la ciudad a Valladolid --donde posteriormente la Policía comprobó que se encontraba--, si bien después al entrevistarse la mujer con un agente de la Policía Local se subió el nivel a "riesgo bajo". En todo momento, "la Policía cumplió el procedimiento escrupulosamente", ha reiterado.

Se revisará si se detectan "lagunas"


Así, ha señalado que una vez que se levante el secreto de sumario del caso, si se detectaran fallos o "alguna laguna" se emprenderían las modificaciones necesarias y ha defendido la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, para insistir nuevamente en que la lucha contra la violencia machista necesita de la implicación de toda la sociedad.

En este caso, "hay dos víctimas, Soraya y su hijo, y un culpable, que es su asesino" y ha reiterado la "importancia" de que las víctimas, los familiares, amigos y vecinos que crean que se encuentran ante cualquier circunstancia susceptible de ser violencia de género lo denuncien o, en caso de que ya haya sido denunciado, lo comuniquen para tomar las medidas oportunas.

"Quién si no", ha cuestionado Alcalde, al alegar que si el agresor contacta con la víctima el juzgado tomará las medidas oportunas "y ese hombre acabará en prisión". "Si hay una aproximación física se puede detectar", pero si el contacto es telefónico o por otro medio "la víctima es la única que lo sabe", ha alegado.

Ha manifestado que "no podemos pensar que toda la responsabilidad recaiga sobre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad" sino que "a mí, como ciudadano, me implica" y si se conoce un caso en el entorno cercano se debe comunicar. "No podemos esperar que haya un policía detrás de cada víctima, tenemos que implicarnos todos", ha recalcado.

1.300 mujeres con medidas de protección

En Aragón hay 1.300 mujeres con medidas de protección. De ellas, 965 casos se localizan en la provincia de Zaragoza, con 954 víctimas y 956 agresores; 252 en Huesca, con 247 mujeres afectadas y 250 agresores; y 72 en Teruel, con 71 víctimas y 72 agresores.

Seis de los casos son de riesgo medio en Teruel, once en Huesca y 18 en Zaragoza, donde también hay un caso extremo y el resto, hasta los 1.300, son de niveles de riesgo bajo o no apreciable, ha precisado el delegado.

Al mismo tiempo, en la Comunidad hay 1.500 agentes de Policía Nacional y 3.500 efectivos de la Guardia Civil. Alcalde ha observado que "no hay un policía" para vigilar a cada cien mujeres sino que, ante estos casos, "es el conjunto de la fuerza" la que responde y atiende a las víctimas.

La inspectora Clara Pérez ha incidido en que el protocolo de actuación contra la violencia de género está en "constante revisión" y ha detallado que en la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección (UPAP) trabajan diez agentes, para destacar que en Aragón "hemos sido muy punteros" en la lucha contra la violencia machista, contando con la colaboración de todas las administraciones y servicios sanitarios.

En este caso, como en otros, se contactó con la víctima y se le entrevistó con un agente de la UPAP el 9 de febrero, comprobando al día siguiente que su agresor estaba en Medina del Campo y, tras seguir todo el procedimiento y no considerar que existiera un riesgo extremo, "nadie podía prever el desenlace", ha concluido Alcalde.







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