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Violencia de género

Más de 1.300 mujeres tienen una orden de protección en Aragón

Estas órdenes se clasifican en distintos niveles según el riesgo que existe. El 75% están entre "no apreciado", mientras que solo hay tres con alto.

M. Sádaba. Zaragoza Actualizada 23/02/2016 a las 13:05
Numerosas personas están dejando flores y velas en la cafetería Planet de Miralbueno en memoria de Soraya, camarera en este local y asesinada ayer a manos de su pareja

El nuevo caso de violencia de género registrado este lunes en Zaragoza, cuando aparecieron dos cuerpos sin vida en el bar Planet del barrio de Miralbueno, ha vuelto a poner de actualidad si son suficientes las medidas para evitar que se produzcan este tipo de casos. Todo apunta a que el fallecido, Miguel Rubén M. P. de 41 años, se suicidó después de matar a Soraya G. S., de 37 años, con un arma de fuego. Según la información facilitada por el delegado de Gobierno, Gustavo Alcalde, sobre el presunto asesino ya existía una orden de alejamiento con respecto a la víctima desde el pasado 5 de febrero.

Un total de 1.328 mujeres en Aragón están bajo algún tipo de protección al estar consideradas como víctimas de violencia de género, según los datos facilitados por el sistema VioGén del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. En todos estos casos existe algún riesgo de que sus compañeros o exparejas puedan realizar algún acto contra ellas. Zaragoza es la provincia en la que más casos existen, en concreto, 1.004. Por su parte en Huesca hay registrados 252 y en Teruel, 72.

El protocolo de actuación

Cuando se produce una denuncia por violencia de género, la Policía Nacional es la encargada de investigar e instruir el caso hasta que se traslada al órgano judicial correspondiente. Se realiza un juicio rápido y una vez se demuestran los hechos, el juez decreta una orden de protección. Según ha podido saber HERALDO.ES, en estos casos lo más común es que se ponga una orden de alejamiento y la prohibición de comunicación. No obstante, también existen otras decisiones judiciales como la pulsera telemática.

Durante la instrucción de las diligencias, la Policía Nacional o la Guardia Civil -si el caso se da en el medio rural- son los encargados de evaluar el riesgo existente a través de un programa informático. Con las respuestas facilitadas por la mujer y la situación vivida se pueden determinar cinco niveles: no apreciado, bajo, medio, alto o extremo. Sin embargo, el instructor siempre tiene la posibilidad de aumentar el nivel de riesgo si así lo considera. Las medidas que se ponen van desde tener un policía de la Unidad de Prevención, Asistencia y Protección adscrito para contactar ante cualquier peligro hasta una custodia durante las 24 horas del día si el riesgo es extremo.

La mayoría, riesgo no apreciado

De entre los 1.328 casos activos que registraba el sistema VioGén a 31 de enero de 2016, la gran mayoría de ellos, casi un 75%, se clasificaba en nivel de riesgo “no apreciado”. Un 22,29% de los casos tenían un riesgo bajo, un 3,6% medio y solo se considera que tres mujeres de Aragón tienen un riesgo alto, mientras que ninguna está catalogada como extremo. De hecho, en esta situación solo se encuentran 12 mujeres en todo el país. “Desde hace un tiempo venimos criticando que casi todos los riesgos son bajos o no apreciables”, señala Marga Deya, portavoz de la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza, que aglutina a más de una decena de colectivos como la Casa de Mujer, la Asociación de Mujeres Amparo Poch y diferentes sindicatos y partidos políticos.

De hecho, el caso de Soraya es uno de esos. Cuando denunció que su expareja la había retenido con una pistola durante varias horas en su vivienda, la Policía Nacional determinó que el riesgo era mínimo puesto que no se encontró el arma y Miguel Rubén vivía a más de 400 kilómetros de distancia, en Medina del Campo -Valladolid-. A consecuencia de ello, el juez interpuso una orden de alejamiento de 500 metros. 

Desde esta organización señalan que, en estos momentos, denunciar no garantiza la seguridad de la mujer y solicitan que se pongan en marcha todas las medidas cautelares establecidas. “Ahora mismo lo más común es una orden de alejamiento, pero en estas circunstancias es el propio agresor el que decide si cumplirla o no, como en el caso de este lunes”, recuerda Deya. También puntualizan que se debería hacer un mayor uso de las pulseras. Pero fundamentalmente subraya que las mujeres no deberían tener que demostrar el riesgo que sufren.

Según subraya Deya estos problemas se producen por los recortes económicos y de recursos vividos. Desde 2010, la partida destinada a la prevención de la violencia de género del Gobierno central ha descendido un 26% hasta 2015. El cambio de tendencia se produce este año. Los presupuestos aprobados a finales de 2015 recogieron un incremento del 6% para 2016, sin embargo, todavía queda lejos de los 34,3 millones que se presupuestaron para esta cuestión hace seis años. “El dinero con el que se cuenta en estos momentos es muy escaso, además, cada vez es más común ver entre los jóvenes actitudes machistas y que las chicas se consideren privilegiadas porque sus novios las quieren tanto que tienen celos y les dicen lo que tienen que vestir”, lamenta Delia Lizana, secretaria de políticas de igualdad de CC. OO. Aragón.

Más llamadas, pero menos denuncias

Durante el último año, según los datos publicados por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el número de mujeres que ha denunciado sufrir violencia de género ha descendido. Las estadísticas oficiales señalan que hasta septiembre de 2015 había registradas 2.099 denuncias, pero en el mismo periodo un año atrás se recogieron 2.480 y finalmente se terminó 2014 superando las 3.200 denuncias en Aragón. Esta cifra contrasta con las órdenes de protección estipuladas. De hecho, entre enero y septiembre de 2015 se adoptaron 470 órdenes, mientras que se denegaron 148. Esto supone casi un centenar más que el año anterior, cuando se aceptaron un total de 389 y se denegaron 162.

En 2015 también crecieron las llamadas recibidas por el 016. Según esta estadística, se incrementaron más de un 30% en el último año y se registró el mayor dato desde que existe esta información -2007-. En concreto, en todo el 2015 hubo un total de 1.687 llamadas desde Aragón, mientras que un año antes, se produjeron 1.281.

“Muchas mujeres deciden llamar al 016, pero cuando tienen que formalizar la denuncia, no se atreven”, destaca Lizana. Ella lo atribuye a dos problemas fundamentales. “Por un lado está la crisis económica puesto que muchas de las que sufren violencia psicológica o económica saben que en el momento en el que interpongan una denuncia tienen que abandonar su casa y algunas de ellas no cuentan con recursos económicos suficientes”, recalca. Al mismo tiempo, especifica que en Zaragoza la confidencialidad está asegurada, mientras que en los pueblos es complicado. “Son más pequeños, te conoce todo el mundo y seguro que alguien te ve entrar o salir de la comisaria, por lo que algunas no se atreven”, subraya.







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