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Transporte

Los transportistas deberán adelantar 1.200 euros por el impuesto de hidrocarburos, que no se devolverá a los más pequeños

El mecanismo para devolver el nuevo impuesto sobre combustibles a los profesionales del sector deja fuera a los que tengan vehículos de menos de 7,5 toneladas.

Víctor Millán. Zaragoza Actualizada 10/02/2016 a las 10:50
EFE

Tan solo un mes después de su puesta en marcha, el nuevo impuesto sobre los hidrocarburos impulsado por el Gobierno de Aragón sigue generando problemas entre los sectores afectados. Mientras las gasolineras ya han constatado que sus ventas han comenzado a disminuir en las estaciones situadas en zonas limítrofes a otras autonomías donde no se aplica este tributo, son ahora los transportistas, y especialmente los más pequeños, los que temen que sus costes aumenten al no poder beneficiarse de la exención que anunció el Ejecutivo para los profesionales.

Al anunciar el nuevo tributo, que grava con 2,4 céntimos el litro de gasolina o gasóleo y con el que se pretende recaudar unos 18 millones de euros anuales, la DGA insistió en que este no se repercutiría sobre el sector del transporte. Los céntimos que iban a pagar de más cada vez que repostaran les serían devueltos con el fin de no lastrar su actividad económica. Un compromiso que de no resolverse en las próximas semanas, no será tal.

Y es que, según lamentan las asociaciones de transportistas, el mecanismo elegido por el Departamento de Hacienda para devolver el importe del tramo autonómico excluye a todos aquellos que trabajen con vehículos por debajo de los 7.500 kilos. Esto es, furgonetas de reparto de paquetería, y pequeños camiones.

El problema se ha originado porque el Gobierno aragonés devolverá el importe del impuesto autonómico a través del mismo sistema que tiene habilitado la Agencia Tributaria a nivel nacional para abonar las subvenciones que otorga por el uso del gasóleo profesional. Un procedimiento que en su articulado restringe beneficiarse a todos aquellos camiones y furgonetas por debajo de este tonelaje, y que además cuenta con un límite de 50.000 litros, lo que también hará que cualquier empresa o transportista que gaste más de esa cantidad a lo largo de un año tenga que abonar el impuesto por los litros que exceda.

Los autónomos del sector, unos 6.000 en Aragón, los más afectados


Desde Tradime, la asociación que aglutina en Aragón a la mayoría de los transportistas autónomos, se espera que en las próximas semanas se exploren vías para que la exención del tributo llegue a todo el sector. “Es una discriminación que sinceramente no entendemos y que confiamos que se resuelva antes de que se produzca la primera devolución”, señala su gerente, María José Pardo.


Son precisamente los transportistas autónomos los que a priori más afectados se ven por esta cláusula administrativa. En especial, los que trabajan como asociados para empresas de reparto, y los que lo hacen por su cuenta con pequeños camiones.


Según los cálculos de Tradime, un conductor profesional que de media consuma unos 50.000 litros de gasóleo tendrá un sobrecoste en sus cuentas anuales de unos 1.200 euros. “Incluso para los que entran dentro de la devolución, es un dinero que primero tiene que adelantar el trabajador a la DGA, y no es que estemos para financiar al Gobierno”, comenta Pardo.

Por su parte, desde FETRAZ, la Federación de Empresas de Transporte de la provincia de Zaragoza, se señala también que este aspecto puede suponer un importante problema para aquellas empresas “que tengan en su flota entre veinte o treinta furgonetas, además por supuesto para los pequeños transportistas que trabajan como autónomos”, explica Fernando Viñas, su secretario general.

Se exploraron otras fórmulas para que todo el sector quedara exento, pero excedían las competencias autonómicas

Desde el Gobierno de Aragón se explica que “se ha llegado tan lejos beneficiando a los transportistas como permitía la ley estatal”, y por lo tanto las competencias aragonesas.

Y es que, el Impuesto sobre Hidrocarburos es un tributo de titularidad estatal, parcialmente cedido a las Comunidades Autónomas, que no permite, por ejemplo, que haya exenciones. “Por eso, cuando se ha querido beneficiar a los transportistas, se ha hecho a través del mismo sistema (devolución) y con el mismo procedimiento (tarjeta de transportista) que se utiliza para devolver la cuota estatal”, explican fuentes del Ejecutivo.

Ante la imposibilidad de devolver el impuesto a los autónomos, durante el debate de la Ley en las Cortes el grupo parlamentario de Podemos propuso otras alternativas por medio de enmiendas, como que se pudiera aplicar en la cuota autonómica del IRPF una deducción del 2% del importe de los gastos de combustible o eximir del pago del tramo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos a las gasolineras situadas en municipios de menos de 2.000 habitantes.

Opciones ambas que tampoco salieron adelante tras realizar un informe jurídico, al concluir que en este caso también se estaban extralimitando las competencias de la Comunidad.

La mitad que el máximo permitido


Aun con todo, desde el Gobierno se hace hincapié en que se ha hecho todo lo posible dentro de la legislación, como excluir del impuesto al gasóleo agrícola y al de calefacción, o efectuar la devolución también a los taxistas, además de limitar el impuesto autonómico a la mitad de lo que permite la normativa estatal, con la que podría llegar a 4,8 céntimos por litro. Cantidad que estaban aplicando la mayoría de las comunidades autónomas en los últimos años.

Solo Aragón, Madrid, Navarra, Castilla y León, Cantabria, La Rioja y Canarias decidieron no impulsarlo en su momento, un mapa que para el 2016 ha cambiado notablemente después de que la comunidad castellanoleonesa lo eliminara, Navarra lo reimplantara, y Aragón lo aplicara por primera vez.







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