La supresión de las ayudas para los trenes regionales genera división política y social

La decisión del Gobierno PSOE-CHA de suprimir la subvención a los trenes regionales de Renfe generó ayer división política y social, aunque todos coincidieron a la hora de advertir del riesgo de perder casi la mitad de los servicios ferroviarios que vertebran ahora las tres provincias de la Comunidad. Los sindicatos y colectivos ferroviarios y vecinales entendieron la medida, mientras el alcalde bilbilitano, el popular José Manuel Aranda, y la diputada aragonesista Berta Zapater criticaron la adopción de "decisiones unilaterales que afectan al territorio".

El consejero de Vertebración, José Luis Soro, ya ha comunicado a Renfe que no piensa renovar el contrato-programa firmado en 2013 por su predecesor, Rafael Fernández de Alarcón, para paliar el recorte de los servicios regionales. La DGA se comprometió a pagar un máximo de 13 millones hasta finales de este año, pero Soro ha dejado muy claro que no seguirá financiando una competencia estatal y ayer contó el respaldo público del presidente, Javier Lambán. "No puede ser que estemos sometidos a restricciones, maltratados, y además carguen sobre las espaldas de la Comunidad la prestación de servicios que le competen al Gobierno central", se quejó. "Nos plantaremos en la Moncloa –advirtió- para reclamar que cumpla con su obligación" si se plantea la supresión de algún viaje.

Los representantes de Sindicato Ferroviario Intersindical y de CGT, Luis Carcasona y Benjamín Casanova, respectivamente, mostraron "comprensión" por la postura autonómica, ya que ni siquiera se presta un servicio en condiciones a los viajeros. Así, recordaron que Renfe destina a las líneas de Aragón sus trenes más viejos, acumulando averías. "El convenio no se cumple por parte de la compañía, a la que se le pagan por un mal servicio", estimó Carcasona.

Su compañero de CGT manifestó que las condiciones del actual convenio no sirven para fomentar el uso del ferrocarril. "Renfe pone los horarios que le van bien, sin tener en cuenta la demanda real. La realidad es que con el convenio no tenemos ni más frecuencias ni mejor servicio", añadió.

En la misma línea se pronunció el portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Aragón, Luis Clarimón, quien incidió en el riesgo de quedarse sin los trenes subvencionados, como pasó en el resto de las autonomías en 2013. Por ello, ha urgido una reunión con la Consejería para conocer los detalles de su decisión. Su homólogo de Teruel, Pablo Justo, recordó que en 2012 había en Teruel 70 trenes semanales y ahora solo 63."Un puñetazo en la mesa"

El presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Teruel, José Polo, apoyó la decisión de la DGA, una medida que en Teruel afecta a los dos trenes diarios Teruel-Zaragoza con parada en todos los pueblos y a un Teruel-Valencia que sale en días alternos. "El Gobierno aragonés no puede financiar unos trenes obsoletos sin que exista por parte del Estado una inversión decidida para impulsar la línea. Ya era hora de que alguien diera un puñetazo en la mesa", dijo.

El portavoz de la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Teruel, Pablo Justo, mostró su preocupación por el riesgo de que se pierdan trenes. "Ya nos quitaron los servicios a Huesca y uno a Valencia; si ahora perdemos más relaciones, la situación será muy grave", afirmó. Y recordó que en 2012 había en Teruel 70 trenes semanales y ahora solo 63.

Del mismo modo, el presidente de la CEOE-Teruel, Carlos Torre, resaltó que la supresión de trenes supondría entrar "en una pendiente muy peligrosa, porque el número de usuarios de este medio de transporte disminuirá aún más". Torre pidió ayer aclaraciones a la DGApor la medida adoptada. "Quiero saber qué está pasando, porque cuesta creer lo ocurrido", manifestó.

El alcalde bilbilitano se mostró especialmente crítico, ya que están en riesgo dos de los cuatro regionales que comunican su ciudad con Zaragoza. "No entiendo que un consejero que dice llamarse de Vertebración del Territorio esté poniendo pegas a la comunicación entre ciudades. Es lamentable", manifestó Aranda.

La diputada del PAR Berta Zapater instó al consejero a sentarse a negociar con Renfe. "El ferrocarril es una oportunidad de desarrollo y asentamiento de población, con lo que no se puede jugar ni en broma ni tomar decisiones unilaterales que perjudiquen al territorio", explicó antes de cuestionar que se pongan en riesgo un servicio "esencial".