Como publicó ayer este periódico, el anterior Gobierno de Juan Alberto Belloch aprobó, a dos días de la investidura de Pedro Santisteve (ZEC), pagar a Auzsa los llamados ‘costes de la puesta en marcha’, en los que se incluía, entre otros conceptos, lo que le supuso a la empresa la reestructuración de personal que tuvo que aplicar cuando se hizo con la nueva contrata por el recorte en el servicio: fueron 153 despedidos que, ocho meses después, comenzaron a reintegrarse en la empresa después de que el Ayuntamiento decidiera volver a ampliar la contrata.

En esos pagos se incluyeron los 1,9 millones de euros que sumaron las indemnizaciones y 170.000 euros en gastos del despacho de abogados que llevó el conflicto laboral para la empresa. El Ayuntamiento acordó pagar estos gastos y los conocidos como ‘valor residual’ de la anterior contrata, que suman 10,7 millones de euros y que corresponden, fundamentalmente, al valor que aún tiene la flota de autobuses.

Entre un concepto y otro, el Ayuntamiento acordó el 11 de junio pagar a Auzsa 13.859.036,73 euros, a pagar en once cuotas. La primera de ellas ya se ha abonado, ya con ZEC en el Gobierno municipal. Sin embargo, ahora el Consistorio quiere revisar el acuerdo. Hoy se ha convocado una sesión extraordinaria del Gobierno, tras la que se anunciarán las medidas concretas. Ayer, de momento, ZEC ya anunció a través de las redes sociales la convocatoria de esta reunión del Gobierno y que el concejal de Servicios Públicos, Alberto Cubero, dará una rueda de prensa después "para revocar esta injusta decisión".

Además, la coalición calificó de "indignante" la medida adoptada por el anterior gobierno y opinó que "el dinero público debe destinarse a combatir el paro, no a fomentarlo ni a asegurar beneficios a las contratas". La revisión de este acuerdo se enmarca dentro de la fuerte campaña de presión que el Ayuntamiento está ejerciendo sobre las contratas municipales, cuya profunda fiscalización se ha convertido en uno de los objetivos del Gobierno.