La ley permite gravar con un tipo de IBI diferente al 10% de estos inmuebles con valor catastral más alto y actualmente hay 891 afectados. Pero el Ayuntamiento ha detectado que no se aplicaba a todos los posibles en el caso de comercios o industrias, sino solo a los que tienen un valor catastral de más de un millón de euros. Ahora, ZEC pretende apurar ese 10% en todos los casos posibles con el objetivo de recaudar entre 8 y 20 millones de euros más, en función de cómo quede el tipo impositivo.

Un planteamiento que rechaza frontalmente CEOE, que advierte de que "plantear una mayor presión fiscal para las empresas, cuando el sector está centrando todos sus esfuerzos en la creación de empleo y la salida de la crisis, es la peor de las soluciones".

La patronal ha anunciado que, ante la "alerta" que ha generado el anuncio del Consistorio en el sector, pedirá una reunión con el consejero de Hacienda, Fernando Rivarés, para trasladarle su postura y poner sobre la mesa la "situación real" de las empresas que, según afirma, han sufrido en los últimos años subidas de "hasta el 80%" en su carga impositiva por el incremento progresivo tanto del IBI como del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

En cuanto a este último, CEOE recuerda que si bien en 2014 y 2015 no se modificó la escala de coeficientes en las cuotas según la situación del local, en los años anteriores se aprobaron "fuertes subidas". A ello se sumó un cambió en el callejero fiscal en 2012 que "agravó" los incrementos. Según los empresarios, el coeficiente aumentó entre un 30% y un 40% en algunos polígonos, e incluso en determinadas zonas se llegó al 58%. Como ejemplo, señalan que hay empresas que han pasado de pagar 2.208 euros por el IAE en 2010 a 3.980 este año, lo que supone un 80% más.

Mientras, la variación del valor catastral aplicada desde 2013, prorrateada en diez años, ha supuesto a "bastantes" comercios un aumento del 143% en el recibo del IBI, y un 85% para las oficinas. Frente a ello, recuerdan su reivindicación de una rebaja impositiva y un aumento de los porcentajes de bonificación.

Además, los empresarios reclamarán al Consistorio que explore medidas de sostenibilidad económica "que no pasen por hacer pagar los platos rotos" a los negocios ubicados en la ciudad. En este sentido, resaltan que más de 300.000 empresas han cerrado por la crisis en España y el 60% de las que resisten sigue presentando pérdidas, "por lo que hay muchas que no tienen capacidad para soportar todavía una mayor presión fiscal". E insisten en que el sector "necesita apoyo para crear empleo y no trabas ni cargas fiscales que dificulten su recuperación y pongan en peligro la incipiente mejora de la economía".