Pablo Muñoz "La idea es hacer un calendario y reprogramar los desarrollos urbanísticos"

Hacen falta actuaciones integrales en todos los barrios. Vamos a crear oficinas de revitalización para canalizar los problemas que detecten los ciudadanos. Queremos ver cuáles son las zonas más vulnerables y establecer prioridades. Y sacaremos otros dos planes integrales importantes.

¿Qué plazos se marcan y cómo pagarán estos planes de barrio?

Ahora veremos dónde hay que actuar, en 2016 haremos los planes de forma participativa y los pondremos en marcha en 2017.

En su programa anunciaban una moratoria y paralización de los nuevos planes urbanísticos. ¿No se podrá construir fuera de los actuales límites de la ciudad?

No, no habrá nuevos barrios. Los propietarios deben saber que las peticiones que lleguen no se van a tramitar o se desestimarán. Ya lo estamos haciendo.

¿Hasta dónde llega la potestad del Ayuntamiento para paralizar estos proyectos?

Hablamos de los planes que requieren modificación del plan general. Con los desarrollos que ya tienen un convenio, la idea es reprogramarlos, hacer un calendario que diga cuándo se pueden desarrollar. Pretendemos alargarlos para que no se pongan en marcha todos los suelos hasta que haya necesidad de vivienda.

Pero si los propietarios tienen derecho y medios para impulsarlos, ¿cómo van a retrasarlos?

Tenemos el poder de planificar los desarrollos, aunque es algo que no se ha hecho nunca.

¿Qué presente y futuro a corto plazo le ve a Arcosur?

Queremos hacer más pequeño el problema. Ahora los vecinos deben tener los servicios básicos cubiertos. En cuanto a la edificación, no vamos a permitir que haya un solo bloque fuera de la zona que está urbanizada.

¿Pueden hacerlo?

Sí, lo he consultado y puedo dar la instrucción de que no se den estas licencias. Arcosur debe rellenarse en las zonas que están urbanizadas.

¿Ha hablado ya con la junta de compensación del barrio?

No, no todavía.

En Arcosur hay un campo de prácticas de golf terminado y sin uso. ¿Qué van a hacer?

Lo puede gestionar la junta de compensación, nosotros a través de Zaragoza Deporte o la Federación Española de Golf. Se decidirá en términos económicos, porque mantenerlo cuesta dinero.

¿Se construirá el campo grande?

No, totalmente descartado. Significaba aislar una zona de barrio de otra. Eso será un parque.

El anterior equipo de Gobierno lanzó varios proyectos que ahora requieren una aprobación definitiva. Por ejemplo, el centro de ‘outlet’ Torre Village, en la fábrica de Pikolin. ¿Van a respetarlo?

Crear un nuevo centro comercial no está entre nuestras prioridades. El plan especial tendrá que venir con un estudio del mercado y posibles afecciones al pequeño comercio. Si son importantes, no lo impulsaremos.

Si los propietarios tienen derecho a hacerlo y hay una mayoría política, ¿no sería injusto meter el proyecto en un cajón?

No hablamos de bloquearlo, sino de no impulsarlo.

¿Qué diferencia hay?

La ley nos dice que tenemos que tener todos los informes, como las afecciones que puede tener al comercio. Con ese estudio, volveremos a hablar y a pensar.

¿Qué pasará con la factoría de Averly? ¿Se construirán los alrededor de 200 pisos previstos?

No se debe construir nada, pero eso pasa por un acuerdo entre el Ayuntamiento, la propiedad y el Gobierno de Aragón para que proteja todo el conjunto. De momento, vamos a mantener la paralización del derribo. Luego, todos debemos hacer un esfuerzo, y la propiedad tendrá que asumir que tiene que perder algo para que esto no sea una losa para la administración.

Una de sus primeras decisiones fue suspender la cesión de La Romareda al Real Zaragoza. ¿Qué va a pasar con el campo?

El modelo no nos convencía y nos llevaba a un callejón sin salida. No íbamos a perder el control del campo sin saber cómo se financiaba. Hemos abierto otra vía, que tiene que ir por que el Ayuntamiento no ponga dinero ni pierda el control del campo. No queremos que haya una solución especulativa, y hay que olvidarse de campos cinco estrellas. Además, pondremos el requisito añadido de que la solución tiene que venir con una consulta ciudadana.

¿Qué se preguntará a la gente?

Es pronto para decirlo. Podría ser qué modelo de gestión hay que tener, si el Ayuntamiento lo debe financiar de sus presupuestos, si ve aceptable que participe de la gestión del campo, qué otros usos se le puede dar... No es un ‘campo sí o campo o no’, porque es evidente que a la ciudad le conviene que el campo esté bien. Es preguntar las condiciones.

Como portavoz de Zaragoza en Común, ¿qué valoración hace de sus primeras semanas?

Nos hemos encontrado una dosis de realidad económica importantísima. Tenemos que ser audaces porque esto no puede ser la exclusa para no hacer el plan de emergencia social.

¿Mantendrán el cambio de nombre del pabellón Príncipe Felipe?

Las decisiones que vengan con gran respaldo social y sean coherentes con nuestro programa las vamos a llevar adelante. Para no hacerlo, tendríamos que detectar un gran rechazo ciudadano.

El rechazo lo ha expresado la mayoría del pleno y 9.000 firmas en internet.

Hay diferencias. El primer cambio de nombre lo impulsó un ciudadano y recibió 15.000 firmas en una semana. Este está siendo motivado por PP y PSOE como desgaste político al Gobierno.

También hubo concejales que apoyaron la primera recogida de firmas.

Pero no fue para nada lo mismo, esto es una polémica ficticia.