El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, en funciones de guardia, ha accedido a la petición de la Fiscalía de este órgano de reabrir la causa por el asesinato en 2001 del presidente del PP de Aragón Manuel Giménez Abad y ha cursado una Orden Europea de Detención (OED) que facilite la entrega por Francia del miembro de ETA Mikel Carrera Sarobe ‘Ata’, presunto autor de los disparos. El hijo del político, que tenía 16 años cuando asesinaron a su padre en su presencia cuando iban a la Romareda, lo reconoció fotográficamente, tal y como adelantaron ‘ElCorreo’ y HERALDO.

La petición de reapertura de la Fiscalía se realizó el lunes y fue aceptada por el juez de guardia, pese a que la causa corresponde a Santiago Pedraz, que será el encargado de poner fecha a las diligencias aceptadas cuando regrese de su descanso vacacional. Pedraz se negó a reabrir la causa, pero la reclamación del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, que reconoció a este diario haber cursado una orden para modificar la posición de la fiscal Blanxca Rodríguez y el juez de guardia aceptó la reapertura. Asimismo, cursó la entrega temporal de Mikel Carrera Sarobe, condenado a cadena perpetua en Francia por el asesinato de dos guardias civiles en Capbretón.

Entre estas diligencias aceptadas por el juez está el interrogatorio de ‘Ata’, a quien se le someterá también a una rueda de reconocimiento. Igualmente se aceptó citar a Borja Giménez Larraz, el hijo del expresidente del PP aragonés, para que ratifique ante el juez la diligencia de reconocimiento fotográfico que ya completó en dependencias de la Guardia Civil en Madrid hace aproximadamente un año.

El de Giménez Abad es uno de los casos de asesinatos de la banda ETA aún sin resolver, según las fuentes fiscales, que comentan que su petición se fundamenta en una reciente sentencia del Tribunal Supremo, cuyo ponente fue Cándido Conde-Pumpido y que permitió la repetición del juicio y posterior condena del etarra Beinat Aguinagalde por el asesinato del exconcejal socialista Isaías Carrasco.

La citada sentencia validaba que pudiera tenerse como prueba contra Aguinagalde la declaración de un testigo protegido que había identificado al autor del asesinato. En el primer juicio esta prueba no se consideró pero, tras ordenarlo el Supremo, fue clave para condenar al asesino de Carrasco el pasado mes de junio a 32 años de prisión. En dicha sentencia se apreció una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva de las acusaciones al quedar excluida de forma no motivada como prueba de cargo la identificación fotográfica que hizo una testigo del acusado.

El Supremo señalaba en esta resolución que la gravedad de los hechos (un atentado terrorista con una víctima mortal) exigía "una valoración muy minuciosa y detallada de la prueba de cargo concurrente, sin recurrir a fórmulas estereotipadas ni excluir de la valoración pruebas de cargos legalmente válidas". Esta doctrina ha sido utilizada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional y acogida por el juez Moreno para fundamentar la reclamación a Francia y decretar la práctica de las pruebas dirigidas a esclarecer el crimen.

El asesinato del político popular se produjo el domingo 6 de mayo de 2001 en la calle Cortes de Aragón, se cruzó un terrorista que, a cara descubierta, le asestó tres disparos por la espalda.