El Colegio Profesional de Diplomados en Trabajo social y Asistentes sociales de Aragón, y FAPAR (Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón) han denunciado los problemas que tienen algunas familias para recibir en sus cuentas corrientes las ayudas extraordinarias para reforzar la alimentación de los menores en periodo vacacional. 

En una nota de prensa, han advertido de que algunas de las familias beneficiarias de las mismas "tienen contraídas deudas con las entidades bancarias" por cuestiones como la hipoteca u otras relacionadas con su situación económica o por desempleo y, por eso, "como ya ha pasado en otras ocasiones", el dinero que reciban por esta ayuda social será detraído "nada más ser ingresado para cubrir parte de esas deudas".

De esta forma, "se incumplirá el fin expreso de dichas ayudas" por lo que ambas entidades han reclamado al Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS) "que arbitre fórmulas alternativas" para garantizar que estas ayudas cumplen su propósito.

Ambas organizaciones han indicado que ya han recibido diversas notificaciones e informaciones de profesionales e instituciones, como servicios sociales y equipos de orientación educativa y psicopedagógica, sobre las "dificultades" que muchas familias pueden tener para recibir en sus cuentas corrientes bancarias el pago de esta ayuda social.

Según han recordado, esta es una cuantía de carácter extraordinario destinada a proporcionar o reforzar la alimentación de los menores que no tienen acceso al servicio de comedores escolares durante el periodo estival.

Soluciones

En este sentido, han planteado a las administraciones que las ayudas se puedan abonar a través de un cheque, como en ediciones anteriores, o aplicar otras opciones, "informando a las familias de esta posibilidad".

De lo contrario, han sostenido que se dejará a los menores y sus familias "en una situación de desprotección, pues además de no poder reforzar la alimentación de los mismos, no podrán justificar a la Administración autonómica dicho gasto, debiendo devolver las cantidades y entrando en una nueva espiral de deuda".

FAPAR y el Colegio de Trabajadores Sociales han indicado que van a realizar una queja formal ante el Justicia de Aragón, Fernando García Vicente, para que intervenga en esta cuestión.