El rector reconoce que la Universidad de Zaragoza tiene una "alta morosidad"

El rector de la Universidad de Zaragoza, Manuel López, reconoció ayer en Huesca que la institución académica tiene "una alta morosidad". López matizó que no eran "impagos" en el sentido estricto del término, pero sí muchas "demoras" en el pago a los proveedores. El rector de la UZ hizo estas declaraciones tras el encuentro que mantuvo con el alcalde de la ciudad, Luis Felipe, y el vicerrector del campus oscense, José Domingo Dueñas, para hablar del futuro de las facultades y de los estudios que se imparten en Huesca. Al responsable universitario se le preguntó por los problemas financieros de la institución al hilo de la noticia publicada por este periódico el fin de semana. En ella se informaba de la recomendación hecha en algún departamento universitario para que se ahorrara papel y otros materiales fungibles, dado que las empresas suministradoras se habían negado a seguir manteniendo el servicio hasta que no se les pagaran las deudas.

Manuel López reiteró lo que ha venido defendiendo en los últimos tiempos: "La financiación de la Universidad es mala; lleva años siendo mala". El rector culpó de esta situación a la falta de un acuerdo de financiación estable: "No se ha cumplido ningún tipo de programación, ni el acuerdo de financiación. Y no se ha querido hacer otro, con lo que durante los últimos años estamos en una situación muy precaria. Además –añadió–, no tenemos ninguna previsión de financiación futura, lo que nos ha llevado a una situación de iliquidez que resolvemos con deudas y préstamos". López recordó que la Universidad tiene en este momento una deuda con los bancos de 32 millones de euros: "Y esta situación sigue; de manera, que nada nuevo como siempre, mal".

Sobre lo que espera del nuevo Gobierno, el rector respondió que confía en que dialogue. "La Universidad –recordó– tiene una dependencia clara del Ejecutivo. Y si no hay diálogo con el Gobierno de Aragón no hay nada que hacer".

López se refirió al contencioso que mantiene con la DGA, en el que le reclama 51,5 millones de euros (en base al acuerdo de financiación suscrito en 2011 con el Ejecutivo anterior), y recordó que el nuevo Gobierno "va a heredar " esta reclamación económica. El rector recordó que el contencioso no se presentó contra un gobierno de un partido determinado: "Si, un Ejecutivo firma un pacto –dijo– obliga a todos los gobiernos".