Los juristas alertan de los problemas para aplicar el nuevo Código Penal

Consideran que el texto, que entra en vigor el 1 de julio, vulnera el principio de legalidad y criminaliza demasiadas conductas.

El fiscal Javier Carceller Fabregat admitió ayer que todavía tiene un "hilo de esperanza" en que la reforma del Código Penal no entre en vigor el próximo 1 de julio, como tiene previsto el Gobierno. Son tales los despropósitos que los juristas han encontrado en el nuevo texto legal que temen no solo que su aplicación cause problemas, sino que incluso genere un caos en los juzgados.


Este es el sentir general de los ponentes que han intervenido en las jornadas organizadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Colegio de Abogados de Zaragoza, que continuarán la semana que viene y que se enmarcan dentro del plan de formación continua de jueces en Aragón.


Ayer fue el turno del análisis del tratamiento que hace la reforma sobre los desórdenes públicos y, como en otros delitos, critican que la norma contiene definiciones tan amplias, ambiguas e imprecisas, como planteó el magistrado Javier Marca, de la Audiencia de Gerona, que abren el campo a una difícil aplicación de la ley.


Así, en las disposiciones relativas a la criminalización de los actos de "incitación", "enaltecimiento" o "justificación" del terrorismo, tal y como está redactada la ley conductas que no tendrían nada que ver con el terrorismo podrán ser criminalizadas como tales. La ley limita el derecho de manifestación y convocar a la gente a través de mensajes de teléfono móvil para que asista a protestas será delito castigado con penas de prisión de tres meses a un año o multas. También será delito ocupar una oficina o local para protestar y se "perturbe" la "paz pública" o su "funcionamiento normal". Esto se penará con prisión de tres a seis meses.


El abogado José Manuel Marraco fue el encargado de presentar al catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Zaragoza Juan Felipe Higuera y al fiscal Javier Carceller.


El primero analizó la nueva protección penal de los animales domésticos y en muchos causó hilaridad que el nuevo texto castigue por primera vez "la explotación sexual" contra los animales (zoofilia) con penas de prisión de tres meses a un año. De hecho, el día anterior, el catedrático Carlos María Romeo Casabona resaltó que el Código Penal "no es un tratado de conducta sexual".


Carceller habló de los problemas de descoordinación entre los preceptos legales sobre medio ambiente y la confusión que han generado los legisladores al hacer en varios artículos un "corta pega" del derecho europeo al español. "Los residuos ya no tienen que ser tóxicos ni peligrosos sino solo residuos, hace referencia solo a especies ‘protegidas’ y no a ‘amenazadas’, expuso.

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