La Audiencia quiere iniciar el juicio de La Muela en noviembre y prevé que dure al menos 3 meses
El caso se da por fin por cerrado tras seis años y medio de instrucción y un total de 41 acusados.
La primera opción para celebrar la vista es la macrosala o el salón de actos de la Ciudad de la Justicia.
La magistrada ponente del caso, Marisol Alejandre, ha concluido ya el denominado auto de señalamiento, escrito que pone fin a la tramitación de la causa en la Audiencia Provincial y en el que se concretan las pruebas, testigos y peritos definitivamente admitidos para el juicio. Y lo ha hecho tras estudiarse durante más de seis meses los 84.405 folios que integran la denominada Operación Molinos. En el auto, que posiblemente se dará a conocer hoy, no se concreta la fecha del comienzo de la vista, ya que está por cerrar el emplazamiento definitivo de la misma. Sin embargo, fuentes consultadas por HERALDO aseguran que el objetivo es iniciar las sesiones en noviembre.
La gran cantidad de acusados y tramas en que se articula la causa parece que va a llevar la Sección Primera de la Audiencia Provincial a organizar el juicio por bloques.De ser finalmente así y dada la extensión de la vista, podría eximirse a los encausados de la obligación de asistir a todas las sesiones.En cualquier caso, tampoco se descarta que algunos de los encartados lleguen a un acuerdo con las acusaciones, lo que acortaría el macroproceso.
De la instrucción del caso La Muela se encargó el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de La Almunia, Alfredo Lajusticia, quien, tras dedicar casi seis años a la tramitación del macroproceso, quiso encabezar la comitiva que el pasado 3 de octubre trasladó las decenas de cajas de la causa a la Audiencia Provincial. Además de 600 kilos de papel, el magistrado hizo entrega a la Sección Primera de todo el contenido de la caja fuerte en la que se depositaron las joyas intervenidas en diferentes registros, así como del casi millón de euros incautado en metálico a los principales encausados.
La Operación Molinos es, por el momento, la mayor operación contra la corrupción política y urbanística llevada a cabo en Aragón. Según la Fiscalía y el resto de acusaciones, en La Muela se dieron todos los ingredientes para fomentar el presunto enriquecimiento ilícito de sus protagonistas: recalificaciones urbanísticas, pelotazos inmobiliarios, crecimiento descontrolado, derroche... El juez concluyó que el clan Pinilla se embolsó más de 18 millones de euros a través del cobro de comisiones, tráfico de influencias y fraudes a Hacienda. Su primo, Carmelo Aured, actualmente en la cárcel por fraude fiscal, logró 13.
Pero, además de la familia Pinilla, en el banquillo se sentarán exmiembros de la corporación municipal de Pinilla, así como distintos constructores, intermediarios inmobiliarios, empresarios y funcionarios.