La lucha contra el fraude laboral afloró el año pasado 19 millones de euros solo en Zaragoza

La Inspección de Trabajo descubrió más de 1.400 empleos en negro, además de detectar casi un millón de euros defraudados en prestaciones improcedentes.

Fátima Báñez durante la sesión de control al Gobierno
Fátima Báñez durante la sesión de control al Gobierno
Efe

El pasado lunes, la Policía Nacional detenía a un total de 21 personas -dos de ellas en Zaragoza- como presuntos causantes de un fraude a la Seguridad Social superior a los nueve millones de euros. Los ahora imputados habían tejido una red de más de veinte empresas por todo el territorio nacional, las cuales descapitalizaban cuando entraban en deudas, trasladando trabajadores y maquinaria a otras sociedades haciéndose valer de testaferros y empresas interpuestas o dejando simplemente de atender sus obligaciones de pago con la Seguridad Social.


Un complicado entramado que se saldó tras meses de investigación con las detenciones, pero que solo es la punta de iceberg de un problema de economía irregular que va desde casos premeditadamente delictivos como este, hasta las infracciones de menor calado como los contratos a tiempo parcial simulados o el cobro de prestaciones por desempleo por parte de trabajadores que siguen trabajando activamente a espaldas de la Seguridad Social.


Solo durante el año pasado y en la provincia de Zaragoza los inspectores de trabajo detectaron un fraude superior a los 18,8 millones de euros en cantidades no declaradas a la Seguridad Social por parte de empresarios y trabajadores aragoneses, según las informaciones trasladadas por el Gobierno en respuesta parlamentaria al grupo socialista en el Congreso de los Diputados.


Estos datos, que no dejan de aumentar ejercicio tras ejercicio después de que el Ejecutivo implementara especialmente el control de la economía irregular desde hace ya más de tres años, se trasladaron en 1.246 infracciones sobre empresas aragonesas que habían ocultado total o parcialmente sus pagos de distintas formas -contratando extranjeros irregulares, trabajadores sin alta, o efectuando contratos fraudulentos- y otras 256 sobre particulares que estaban trabajando por cuenta propia o ajena recibiendo una prestación por desempleo.


Y es que es el control de la prestaciones de los desempleados y los 'atajos' que puedan tomar los empresarios es uno de los puntos dónde más hincapié ha hecho el Gobierno durante los últimos años. Ya entre 2007 y 2014 el número de inspecciones de este tipo se triplicó en la Comunidad, abarcando más del 40% de todos los controles que realizan los funcionarios del Ministerio de Empleo, encargados también de fiscalizar la seguridad laboral o las condiciones de trabajo.


En lo que respecta al cobro irregular de prestaciones por desempleo y otras ayudas, los inspectores detectaron que el fraude cometido durante el año pasado superó 924.000 euros entre las más de 170 empresas investigadas y unos 250 perceptores 'pillados' cobrando el paro mientras realizaban una actividad.


Además, Empleo impulsó 856 expedientes contra empresas ficticias y trabajadores que aparecían en ellas.Más de 6.000 puestos de trabajo no declarados en tres años de los “40.000” que se supone que hay en Aragón


Pero a pesar del aumento del control, el empleo sumergido sigue siendo una constante negativa en la economía española y aragonesa. Según un informe auspiciado por la Comisión Europea, la economía sumergida en España podría suponer algo más del 18% del total del Producto Interior Bruto nacional. Casi la friolera de 196.000 millones de euros que se mueven y que están en circulación, pero que no contribuyen a las arcas públicas.


Dentro de las numerosas estimaciones sobre el impacto que puede tener este aspecto, en Aragón los técnicos DGA también cifraron en “al menos 40.000” el número de empleos irregulares que deberían aflorar en la Comunidad.


Según manifestó la Ministra de Empleo, Fátima Báñez, hace poco más de un mes, las distintas medidas antifraude y el aumento de las inspecciones han conseguido sacar a la luz más de 274.000 empleos no declarados en España, de los cuales algo más de 6.000 han sido identificados en Aragón. De forma más concreta, y según los primeros datos adelantados pertenecientes solo a Zaragoza, el año pasado las inspecciones encontraron a 1.413 trabajadores sin alta laboral en la provincia.