El volumen de empleados en las minas de carbón aragonesas se ha reducido hasta 10 veces en los últimos 30 años. Actualmente, el sector ocupa a unas 400 personas. En 1986, más de 4.000 vivían de ello.

Si atendemos al ecuador de estas últimas tres décadas, enero de 2000, cuando los yacimientos carboníferos ocupaban a unas 1.200 personas, o a enero de 2010, cuando ya tan solo eran 600, apreciamos cómo el descenso se ha dado de forma progresiva. 

La pasada semana, el consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón, Arturo Aliaga, afirmó que el Ejecutivo regional ha trabajado "a contrarreloj" en esta legislatura para defender la minería, a través de una "apuesta rotunda y clara" por la defensa del carbón autóctono.

Además, Aliaga, advirtió que "las minas no las ha cerrado España, sino Europa" y admitió que "se han cometido abusos con las subvenciones, aunque no en Aragón".

En ese sentido, CC. OO. y FITAG-UGT publicaron recientemente un informe sobre la situación del sector, bajo el título ‘La minería del carbón y las comarcas mineras desde 1986 hasta, y después, de 2019 en España’, en el que los sindicatos plasman las propuestas que creen que se deberían llevar a cabo para redirigir la situación.

"1986 fue un año clave, ya que la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (CEE) implicó la aceptación del tratado del Carbón y del Acero, cuyo objetivo era el establecimiento de un mercado común en condiciones de libre competencia", explica Víctor Fernández, coordinación del informe y secretario de Minería de FITAG-UGT.

"A partir de entonces, las minas de la Comunidad, concentradas en la provincia de Teruel dando trabajo a miles de personas, iniciaron un declive que se pronunció en la década de los 90 y que sigue en nuestros días", continúa Francisco Montul, responsable de minería en Aragón de UGT, y añade que "las plantillas ya no dejaron de verse recortadas".

Así, el bajón de la actividad derivó en la puesta en marcha de los primeros planes de reconversión, con inversiones que no han acabado de tener el resultado esperado.

En relación a las medidas a adoptar en nuestros días, el informe de los sindicatos recoge que "la Unión Europea debería aprobar una nueva regulación sobre las ayudas estatales a la industria del carbón, que permita seguir produciendo, vendiendo y quemando este mineral autóctono a partir del 1 de enero de 2019, sin que sea necesario devolver las ayudas recibidas".

Además, reclama que se permita a los países que lo crean conveniente "darles continuidad a partir de ese año".

Para Francisco Montul, Aragón sigue teniendo "un alto nivel de dependencia económica de esta industria", a pesar de "los esfuerzos de los diferentes Planes del Carbón por incentivar actividades alternativas". Proyectos que incluyen el cierre de varias minas en los próximos años, como es el caso de la de Ariño, la única subterránea de carbón que queda en Aragón, en 2017, o la mina de Mequinenza, que se mantiene a la espera de las ayudas que le permitan cerrar de forma definitiva.

Así, el número de empleados podría seguir descendiendo de forma notable en los próximos años.

A nivel nacional

Desde 1986 a la actualidad, en España, el sector ha pasado de tener 221 empresas y 50.835 trabajadores a conservar únicamente 15 entidades que dan empleo a 3.279 personas, según el anteriormente mencionado documento de CC. OO. y UGT.

Así, las comarcas carboneras de Asturias, Castilla y León, Aragón y Castilla La Mancha han visto como se perdían 206 empresas y 47.556 puestos de trabajo. Un descenso global de empleo del 93%.